Hacienda fue a defender repartija de multas en Comisión Bicameral

La ministra de Hacienda, Lea Giménez, defendió nuevamente ayer la repartición de multas que se realiza entre funcionarios de Tributación, esta vez ante la Comisión Bicameral, donde presentó el plan de gastos 2018. Para el próximo año se prevé unos US$ 7 millones para reparto de multas.

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Giménez se anticipó a eventuales cuestionamientos sobre la millonaria repartición de multas en la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y salió a detallar durante su exposición que la participación de estos beneficios por parte de los funcionarios representan “apenas” el 5% del total de multas cobradas a los contribuyentes. Así, en el 2016 los funcionarios recibieron una gratificación adicional de US$ 3,6 millones, de un total de US$ 43,8 millones que recaudó la Administración Tributaria por diferentes causa y faltas de los contribuyentes. Para este año, se estima una participación cercana a los US$ 4 millones, mientras que para el 2018, Hacienda pide unos G. 40.000 millones, o sea, unos US$ 7,1 millones.

“No existe un incentivo perverso de cobrar multas. Hay que cortar con esa idea de que los contribuyentes están pagando el salario de estos funcionarios que reciben una gratificación adicional en base al resultado de su gestión. Efectivamente son los evasores quienes hoy están ayudando a financiar la gestión de la SET, y creo que es algo muy positivo”, sostuvo Giménez.

En líneas generales el presupuesto de Hacienda sufrió un incremento del 3,2% frente al vigente, y los recursos autorizados por el Ejecutivo fueron por G. 14,11 billones. Entre los incrementos de la institución también se destacan ajustes en el rubro de servicios personales (salarios, gratificaciones) con un 6% de variación en relación al vigente y llegaría a unos G. 231.108 millones (cerca de US$ 43 millones).

Servicio de la deuda

Del total del presupuesto de la Cartera Fiscal para el año 2018, el 25% corresponde al programa de servicios de la deuda pública, tanto interna como externa. En término de valores, el servicio de deuda representará unos G. 3,49 billones (US$ 625 millones).

La ministra también recibió críticas de los legisladores en relación a la nueva emisión de bonos soberanos, por US$ 600 millones, previstos para el 2018 y el destino de estos recursos, ya que algunos proyectos no apuntan precisamente a inversión. Se criticó que con una parte de estos bonos se pretenda financiar la construcción de cuatro nuevas cárceles en Emboscada. Otro punto cuestionado fue la mala utilización de la matriz salarial en entes del Estado.

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