El ministro de Hacienda, Santiago Peña, evitó ayer hablar sobre la postura asumida por los senadores de la oposición y la disidencia del Partido Colorado, respecto a la emisión de bonos del Tesoro; y tampoco lo hizo sobre la solicitud de derogar el decreto que modifica la reglamentación del impuesto a la renta personal (IRP), realizada por gremios de empresarios, contadores, tributaristas y contribuyentes en general.
Son dos temas importantes muy debatidos en los últimos tiempos: el primero que pone en duda la legalidad de la emisión pretendida realizar por la cartera fiscal en el mercado internacional y; el segundo, que hizo que los principales gremios empresariales y de profesionales se unieran contra los cambios efectuados al IRP, porque consideran que son ilegales e inconstitucionales.
Aún cuando le insistimos a través de su departamento de prensa, Peña no respondió a nuestro pedido de hablar de estos temas y más bien se abocó, según se supo, a reunirse con los viceministros y a los preparativos de la asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se llevará a cabo recién en marzo.
Técnicos de la institución, por su parte, reconocieron que la colocación de los bonos soberanos seguiría en pie y que para ese fin se realiza un constante monitoreo de la situación del mercado internacional para decidir el mejor momento, que podría ser entre finales de febrero e inicios de marzo, tal como lo había adelantado el ministro el pasado mes.
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La intención de la cartera al parecer no va a cambiar y apunta a colocar US$ 500 millones de bonos soberanos y US$ 58 millones en el mercado local, vía Bolsa de Valores o el Banco Central del Paraguay (BCP).
La posición de Hacienda es que tras el veto del Ejecutivo al proyecto de ley de Presupuesto 2017 aprobado por el Congreso, entra a regir plenamente la ley de Presupuesto 2016 y, por lo tanto, la emisión de bonos no violará ninguna disposición legal.
Los senadores de la oposición y la disidencia del Partido Colorado, que son mayoría en la Cámara de Senadores, se pronunciaron el pasado miércoles sobre este tema y advirtieron que la emisión de bonos no tendrá validez jurídica, porque no cuenta con la aprobación del Congreso. Para colocar una nueva partida, consideran que el Ejecutivo debe remitir un proyecto de ley para su aprobación, según explicaron los legisladores Arnoldo Wiens (ANR), Desirée Masi (PDP), Miguel Abdón Saguier (PLRA), entre otros.
A criterio de los legisladores, la emisión en estas condiciones estará fuera de la ley y no compromete al Estado paraguayo, por lo que el presidente de la República, Horacio Cartes, deberá responder con sus bienes.
Soberano endeudamiento
Solo por la colocación de bonos soberanos la deuda del país asciende a US$ 2.380 millones, sin contar los intereses semestrales. El 79% de esta deuda fue asumida por el gobierno de Horacio Cartes, que ya efectuó tres emisiones desde que está en el poder. De acuerdo a un informe del Ministerio de Hacienda al 31 de diciembre del año pasado, están en circulación bonos por valor total de más de US$ 2.911 millones, ya que incluyen los soberanos, internos, bonos chinos y el Fondo de Garantía de Depósitos. Si a esto se le suman los bonos perpetuos emitidos para capitalizar el BCP y las obligaciones de canje de deuda por naturaleza y garantía de bonos de la AFD, llega a US$ 3.925 millones (ver cuadro ilustrativo).