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La ministra Giménez había anunciado, tras la promulgación del Presupuesto 2018, que se establecería un “plan financiero fuerte” para cubrir algunos desfasajes generados con incrementos no programados en los gastos corrientes, fundamentalmente en salarios. Cabe mencionar que en el último tramo de estudio de la Ley del Presupuesto vigente se aprobaron incrementos de salarios por unos US$ 80 millones adicionales, lo que quedó firme tras una segunda vuelta en el Congreso. El valor incrementado es justamente el equivalente al monto que la cartera fiscal reprogramó ahora en el plan financiero.
Según el decreto, el plan financiero disminuye unos G. 49.423 millones de recursos al Ministerio de Hacienda, que afecta a todas las entidades que reciben transferencias de Recursos del Tesoro, excluyendo a los poderes Legislativo y Judicial, que por Ley de PGN no pueden ser afectados, según precisó Óscar Lovera, director de Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Lovera precisó que son las entidades las que aplican los recortes a los rubros con base en los topes establecidos por el Ministerio de Hacienda.
Otro rubro afectado con significativo ajuste fue la cartera de Salud, por unos G. 59.831 millones menos de lo que se había aprobado en el Presupuesto 2018, en tanto que al Ministerio de Obras Públicas se le recortaron unos G. 50.831 millones, según se puede apreciar en el decreto presidencial.
A su vez, a la Presidencia de la República se le asignó G. 24.377 millones menos de lo previsto en el PGN. Las ONG también sufrieron un recorte, en este caso de unos G. 6.000 millones.
Hacienda señala que el referido instrumento servirá de marco de referencia para la programación de caja y las instituciones no podrán asumir compromisos por encima del tope o contraer obligaciones superiores a las cuotas asignadas, con excepción de las situaciones de emergencia.
Se explica también que en términos globales, esto representa el 99,4% del Presupuesto General de la Nación vigente para el presente ejercicio fiscal 2018.
La cartera estatal puntualiza que se priorizan todas las previsiones necesarias para que las entidades puedan hacer frente a los gastos rígidos (salarios, deuda y transferencias a jubilados y pensionados) y a la cobertura de los gastos fundamentales en materia social, tales como la compra de medicamentos, alimentos, pensión de adultos mayores, transferencias a las familias de Tekoporã y subsidio habitacional, entre otros.
El presupuesto vigente ascendería con estos ajustes a unos G. 73,12 billones (US$ 13.298 millones al cambio actual).