Efectivamente, la Cartera Fiscal no tenía previsto el pago de estos aportes ya que no estaba contemplado en el Presupuesto General de la Nación 2018, ni del presente ejercicio. El reintegro de los aportes confiscados a los jubilados bancarios fue establecido en la Ley 4773/12.
No está previsto, pero además hay una propuesta que presentó el Poder Ejecutivo para derogar esa ley en entendimiento que la Caja Bancaria tiene hoy suficientes fondos, indicó recientemente el titular de Hacienda.
Según López, hoy las condiciones financieras de la Caja Bancaria son diferentes, por lo que ya no hay necesidad que el resto de los ciudadanos sigan aportando al funcionamiento de la misma. “Ya se cumplió con esa responsabilidad. Todos aportamos por los problemas que tuvieron ellos y creemos que ya es necesario no seguir aportando”, afirmó el ministro de Hacienda.
Al respecto, el Poder Ejecutivo ya presentó un plan para derogar la referida ley y permitir a la Caja cubrir esos reaportes con sus propios recursos. El ministro López espera que el proyecto tenga tratamiento cuanto antes.
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Antecedentes
De acuerdo con los antecedentes, desde el 2002 hasta el 2012, los jubilados habían “reaportado” parte de sus haberes durante la crisis de la Caja Bancaria para evitar el quiebre. Se implementó una ley que estableció fuertes recortes a los pagos de jubilaciones, para equilibrar los ingresos y los egresos. El proceso de recortes duró diez años, hasta que salió otra ley que permitió a los mismos cobrar todos sus haberes y empezó un proceso de recupero de todo lo que habían reaportado.
Con la Ley 4773/2012, el Estado asumió el compromiso de devolver los aportes debido a que la crisis de la Caja Bancaria se generó como una consecuencia de la crisis financiera de los años 90, que acabó con el cierre de una veintena de bancos, que finalmente terminó afectando a la Caja.
Fortalecer regulación
Por otra parte, el Banco Central del Paraguay (BCP) en atribución de su nueva carta orgánica que amplía su poder regulatorio, emitió la semana pasada 8 normas sobre distintos aspectos de gestión (ver info) de la Caja de Jubilados Bancarios, la mayoría de ellas tendrán entrada en vigencia a partir del 1 de julio de 2019, salvo el de gestión de riesgo operacional, con plazo de adecuación de 18 meses a partir de la fecha de la resolución, y los de auditoría externa independiente, las normas técnicas de valuación de activos y el reglamento actuarial, que son de aplicación casi inmediata, detallaron ayer desde la Superintendencia de Bancos. De esta forma, el BCP amplia su regulación sobre la Caja Bancaria estableciendo lineamientos para la supervisión.
Reaportes devueltos
La cartera fiscal devolvió a la Caja Bancaria con recursos del Tesoro alrededor de G. 100.000 millones (unos US$ 16 millones al cambio actual) entre el periodo 2012 y 2017, quedando a la fecha un remanente cercano a los US$ 16 millones a reponer, según establece la Ley 4773/12.
Ahora el Poder Ejecutivo presentó un proyecto para derogar la referida Ley y permitir a la Caja cubrir ese compromiso asumido por los aportantes en su momento, con sus propios recursos.