Se trata de Ñepytyvõ, presidida por Hilarión Aguilar Mercado, una de las ONG que recibieron millonarios fondos del Indert para instalar sistemas de agua potable, pero que terminaron en manos de políticos y amigos del Gobierno. En este caso, dicha organización supuestamente subcontrató a la “constructora” denominada Casa Giménez, pero según las denuncias de esta misma empresa, esta firma no trabaja en el rubro y jamás recibió un solo guaraní, sino que se utilizó su nombre.
La propia Fiscalía pudo comprobar que esta ONG en particular, al igual que muchas otras que trabajaron con el Indert, no tiene una estructura administrativa que denote que haya funcionarios, registros o patrimonio documental acorde a las grandes sumas de dinero recibidas del instituto. De hecho, cuando los agentes fueron el año pasado a allanar la sede, ubicada en Coronel Oviedo, encontraron un salón que era parte de un local de informática y que, literalmente, adentro solo tenía una silla y un escritorio.
Obras deficientes
Aún así, Ñepytyvõ fue adjudicada para perforación de pozos por más de G. 4.000 millones, pero se comprobó que las obras eran deficientes; estas se encuentran en el asentamiento Barrio Primavera-San Blas, distrito Yby Yaú; compañía Santa Cruz, de Belén; 8 de Noviembre, de San Alfredo; todas estas localidades del departamento de Concepción.
El 23 de noviembre de 2016, el propio ente rural, presidido por Justo Cárdenas, determinó la devolución de G. 235.177.839 por trabajos no realizados, según Res. 3240/16. Sin embargo, para el 11 de enero siguiente, a través de la Res. 41/17, la administración se echó para atrás y nuevamente benefició a la ONG “de maletín”, esta vez con un “descuento” de la suma que debía reembolsar. La cifra a devolver quedó en G. 149.461.845, tras una “reverificación” dispuesta por Cárdenas y realizada por el ingeniero Luis María González y la Lic. Carmen Dávalos.
Según datos oficiales disponibles en el portal de la institución, Dávalos es contadora pública, es decir, no tiene capacidad técnica para hacer una verificación de obras de infraestructura. En cuanto a González, ni siquiera aparece en la nómina de funcionarios.
Otro aspecto suspicaz es que la ONG de referencia funciona al lado de la organización Esperanza, que recibió G. 2.400 millones del Indert y que está siendo investigada por el Ministerio Público por ser parte del aparente esquema de coimas. Según los datos, Ñepytyvõ intentó trabajar con el Indert en el año 2014, pero tras denuncias sobre maniobras irregulares para acceder a los fondos públicos, eso quedó cancelado. Llamativamente, en 2015, Cárdenas le adjudicó con sumas millonarias.
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