El canon del 32,06% que ofreció pagar Sacyr al Estado, como parte de la APP que se pretendía instalar en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, representaba para la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) la pérdida de su principal fuente de recursos: las cargas aéreas.
Si Sacyr-Agunsa resultaba adjudicada, a partir de la entrega del aeropuerto la Dinac iba a comenzar a recibir por mes solamente el 32% de los recursos que hoy percibe en su totalidad y que sirven para mantener operativos otros 10 aeródromos del país.
El arquitecto Carlos Achucarro, especialista en infraestructura aeronáutica, explicó que la entrega de este rubro con el pretexto de la modernización iba a hacer colapsar financieramente a la Dinac.
“El 65% de los ingresos de la Dinac corresponden a los servicios aeroportuarios de cargas aéreas. Con estos ingresos la institución subvenciona a los demás aeropuertos del país que son deficitarios”, dijo. Asimismo, estos recursos sostienen a la Dirección de Meteorología.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Los rubros que iba a administrar el operador
El operador privado que resultase de esta licitación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se iba a quedar con los ingresos por cargas aéreas, publicidad, alquiler de locales comerciales, tasas de embarque, tasa por estacionamiento y por servicio de asistencia en plataformas, entre otros.
Las consecuencias para la aviación
La concreción de esta entrega de un aeropuerto rentable para que un privado lo administre por 30 años iba a suponer la pérdida de la Dinac del más del 60% de sus recursos.
Recordemos que la decisión de someter el aeropuerto a un régimen de APP supuso la abrupta interrupción del plan de modernización que ya se estaba llevando a cabo y que estaba siendo financiado con recursos obtenidos por la propia institución.
Según el especialista consultado, esto iba a significar un gran riesgo para la seguridad operacional de todo el sistema aeronáutico y del transporte aéreo, de haberse aceptado la oferta presentada por Sacyr-Agunsa.
La APP está extraoficialmente cancelada, a partir del dictamen de la Contraloría General, que en una auditoría constató cada una de las irregularidades de este proceso que fueron denunciadas desde su inicio. Si bien las ofertas se abrieron el año pasado, todo el proceso de articulación de esta APP llevaba más de tres años.