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A medida que crece la población paraguaya se resiente el abastecimiento de agua potable. No existe un rincón del país en que los usuarios no se quejen del mal servicio de las aguateras, más aún en épocas de intenso calor.
Esta situación no debería darse, puesto que nuestro país se encuentra sobre la mayor reserva subterránea de agua dulce del mundo, el Acuífero Guaraní. Los datos dan cuenta de que ocupa alrededor de 70.000 metros cuadrados.
“El problema no es la falta de agua. ¡Sobra agua! El problema es la falta de inversión de las empresas prestadoras del servicio”, señaló la titular del Ente Regulador de Servicios Sanitarios del Paraguay (Erssan), Cristina Muñoz. “Las empresas fueron aumentando el número de usuarios, pero dejaron de invertir en la ampliación de su planta de tratamiento, en la construcción de nuevas plantas y en la ampliación de sus redes de distribución. No acompañaron al crecimiento poblacional”, subrayó.
Además están ganando dinero sin pagar por la materia prima. “Nadie les cobra por captar el agua”, expresó Muñoz.
De acuerdo a informaciones extraoficiales a las que accedió nuestro diario, en todo el país están funcionando actualmente 2.810 aguateras, entre ellas están la estatal, Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), aguateras privadas, juntas de saneamiento, comisiones de saneamiento y comisiones vecinales.
Los aguateros privados, agrupados en una asociación, explican que dejaron de invertir porque la Ley 1614/2000 establece que al cumplirse 10 años del otorgamiento de la licencia, el Estado confiscará toda la infraestructura de la empresa.
Incumplen disposiciones de la Ley 1614
El Arq. Osmar Ludovico Sarubbi, actual presidente de la Essap y extitular del Erssan, refuta el argumento de los aguateros porque la Ley 1614 solo habla de confiscar bienes de aquellos que incumplen la norma.
“Esto es simplemente una excusa, porque el artículo 147 de la ley, en relación a la prestación del servicio, señala claramente que el Estado evaluará a las aguateras al cumplirse 10 años de vigencia de la ley, en cuanto a las inversiones y las documentaciones a ser arrimadas... Si cumplían con la ley, no deberían preocuparse por ese artículo porque habla de incumplimiento. Muchos tienen en su dormitorio su aguatera y claro que se preocupan de que se les confisque la casa”, señaló.
Cree que el Estado fue muy benevolente con las aguateras privadas al no confiscar los bienes, dado que ninguna cumplió con lo establecido en la Ley 1614 que rige al sector.
Las empresas no presentaron sus documentaciones, les hicieron faltar agua a sus usuarios en épocas de mayor consumo, no entregaron mensualmente las pruebas laboratoriales del agua, ni siquiera potabilizan, según explicó.
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