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Actualmente habría alrededor de 20.000 aparatos funcionando al margen de la ley en todo el territorio nacional. Detrás de esta actividad ilícita estarían grupos bolivianos, chinos y brasileños que operan impunemente, de acuerdo a los datos. “También existen ya paraguayos que están metidos en esta actividad”, indicó una fuente que solicitó el anonimato.
Fuentes de empresas que operan legítimamente en el sector de los juegos señalaron que este descontrol fomenta la ilegalidad, la marginalidad y constituye un peligro en varios sentidos.
Además, atenta contra la imagen país y ahuyenta la posibilidad de que firmas importantes del exterior quieran venir a invertir acá.
En el ámbito de Conajzar se admitió que la entidad no posee recursos suficientes para luchar contra este flagelo. Pero la responsabilidad atañe también, y muy fundamentalmente, a las municipalidades, las gobernaciones departamentales y a la propia Policía Nacional y los organismos fiscales.
Estas máquinas, instaladas en varios puntos, algunos de ellos muy cerca de centros de enseñanza y a merced de niños y jóvenes, no generan ningún ingreso al fisco y, por lo tanto, el Estado deja de ingresar un recurso muy importante para el cumplimiento de programas sociales que se nutren de la recaudación de los juegos. Las fuentes mencionaron que detrás de la proliferación de tragamonedas “hay muchos intereses ocultos” y toda una organización que se mueve en red para diseminar las máquinas y evitar que nadie las controle.
Incluso se dijo que habría protección política, considerando las enormes cifras que se dan alrededor de estos aparatos que se instalan sin siquiera una inspección técnica sobre su calidad. Según los informes, cada máquina instalada en un negocio da una ganancia mensual de G. 1.200.000. Un 15% va al dueño del local y el resto al dueño real del aparato.
La capacidad de almacenamiento de monedas de cada artefacto es de G. 2 millones, y cada aparato ya se coloca con un capital inicial de G. 100.000.