El Abog. William Amaral, representante de los colonos (brasileños y paraguayos), llegó hasta nuestra redacción para presentar el caso. Explicó que entre 1996 y 2002, sus clientes compraron los lotes del IBR, que hoy es el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), cuando aún regía el anterior estatuto que permitía a extranjeros la adquisición de tierras. Pagaron el 100% del monto establecido, pero el ente no llegó a entregarles el título.
Hace unos años comenzaron las invasiones, según lo mencionado, lo que llevó a los colonos a iniciar juicios de obligación de hacer escritura pública sobre 26 títulos. Fue así que en el 2015, se notificó al Indert y el presidente Justo Cárdenas sacó una resolución y nombró al abogado Pedro Alvarenga como encargado de llevar este proceso judicial. En el mismo documento, Cárdenas autorizó a allanarse al pedido de los colonos.
Por ese motivo, el abogado del ente agrario dio vía libre a 19 títulos y tras una segunda revisión de los casos puntuales, también aprobó los 7 títulos restantes, totalizando así los 26.
La jueza que entendió la causa, Tania Irún, llamó a autos para sentencia y ordenó al Indert en el plazo de 10 días hacer los títulos requeridos. El 30 de noviembre de 2015, se le notificó al ente rural que salió la medida de hacer escritura pública, medida que fue desacatada.
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El abogado Amaral explicó que pasaron los cinco días para apelar, pero nadie lo hizo, por lo que la sentencia quedó firme y ejecutoriada.
Sin embargo, como el instituto no llegó a dar los títulos, el 4 de noviembre de 2016 –casi un año después–, la misma jueza Irún anuló su propia sentencia, diciendo que hubo un “error” en el proceso. Esto es una violación al Art. 163 del Código Procesal Civil, destacó el representante de los colonos, pues la sentencia ya no se podía modificar.
Consultado sobre el argumento de la magistrada para rever su postura, respondió que ella solo alegó que el abogado del Indert le llevó a cometer una equivocación. No se cuestionó la legitimidad de la tenencia de tierras, pues según aseguró el abogado, todos los solicitantes de los títulos cumplieron con las exigencias del estatuto agrario.
Amaral apeló la resolución de la jueza y al mismo tiempo, la denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Ayer, nuestro diario intentó tener la versión de Irún, pero no respondió nuestras llamadas y mensajes a su teléfono con terminación 836.
Conflictos en la colonia
Guahory es una colonia habilitada hace 30 años y, según los documentos, sobre estas tierras hay lotes con títulos de propiedad y otros aún sin tenerlos.
En el grupo de los lotes que ya están inscriptos en los Registros Públicos, hay títulos expedidos por el ente agrario en violación a su propio estatuto, pues se dieron sin cumplir con el requisito de arraigo y con la imposibilidad de revender las tierras fiscales en el lapso de 10 años.
Por ese motivo, hay enfrentamientos con los campesinos, que invadieron varias veces la colonia para exigir al Gobierno que anule los títulos expedidos en contra de la ley, sin afectar los que están en situación regular, pues también los hay.