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Fredy Estigarribia, director del Instituto Forestal Nacional (Infona), está dispuesto a aplicar el Decreto 7.702 en beneficio del Presidente Horacio Cartes.
El titular del Poder Ejecutivo promulgó este decreto el pasado 14 de setiembre con la finalidad de tumbar los montes de su estancia, llamada San Francisco.
El establecimiento ganadero de su propiedad se encuentra en Mariscal Estigarribia, Chaco. Tiene 14.979 hectáreas.
Fredy Estigarribia sostiene que a partir del decreto la deforestación adquiere legalidad, según indicó a ABC Cardinal.
Con estas palabras, el director del Infona niega el alcance de la Ley 422/73 cuyo artículo 42 obliga a preservar el 25 por ciento de los bosques naturales existentes en una propiedad.
El Decreto 7.702 se origina única y exclusivamente en la intención de Cartes de ampliar el área de pastura de su establecimiento.
Fredy Estigarribia se apresuró en aclarar que el decreto beneficia a todo ciudadano interesado en tumbar la totalidad de sus montes “no solo a Horacio Cartes” como torpemente afirmó en la entrevista radial.
Y es precisamente ese el problema que trae el Decreto 7.702: cualquier interesado puede deforestar sin límites.
El monte natural es un recurso que no tiene sustituto, ni siquiera con reforestación, y la administración de Horacio Cartes no tiene problemas en conducir al país al callejón sin salida que implica la destrucción de la biodiversidad.
El Paraguay apenas tiene montes y lo poquísimo que nos resta pronto será reemplazado por pasturas para dar de comer al ganado.
Estigarribia no quiere asumir responsabilidad
Fredy Estigarribia sabe perfectamente bien que un decreto no puede modificar una ley. Tiene la certeza de que el documento firmado por Horacio Cartes es ilegal.
Buscando eludir responsabilidad ahora pretende tirar sobre las espaldas de otras instituciones la responsabilidad.
Se solicitó a Estigarribia los documentos utilizados para la preparación del decreto y se limitó a entregar una lista de instituciones que participaron en una reunión el pasado 18 de octubre, en el Infona.
Ante la aberración cometida por el Poder Ejecutivo, no queda otra alternativa sino intentar salvar a Horacio Cartes y para ello recurre a tirar sobre las espaldas de otras entidades la responsabilidad del decreto.
El director del Infona oculta que a lo largo del 2016 se puso en funcionamiento el Consejo Asesor del Infona que fue el marco referencial para reglamentar el artículo 42 de la Ley 422/73; el artículo 42 obliga a preservar el 25 por ciento de los montes como mínimo.
Las reuniones para reglamentar la Ley 422/73 se extendieron a lo largo del año y el equipo de trabajo, integrado por instituciones del Estado y organizaciones no gubernamentales, fue consensuando un modelo de decreto.
El objetivo era preservar el monte pero establecer un marco jurídico adecuado para implementar actividades productivas.
El equipo de trabajo contó con asesoramiento técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Cambiaron el decreto
El 6 de diciembre de 2016, el equipo técnico terminó sus sesiones.
En las diferentes actas de las reuniones se puede notar que existieron intenciones de ampliar los permisos para deforestación a costa del 25 por ciento de preservación obligatoria.
La Asociación Rural del Paraguay presentó proyectos en tal sentido, según consta en las actas.
Tales sugerencias fueron rechazadas porque la Ley 422 no puede ser modificada por la vía de un decreto.
Es así como se llega al 6 de diciembre con una propuesta de modelo que tenía el consenso del sector público, privado y ambientalista.
La propuesta se entregó al Poder Ejecutivo para su promulgación pero luego se dieron cuatro cambios sucesivos buscando que el decreto se ajustase a los deseos de Horacio Cartes.
El próximo artículo será el decreto que tuvo consenso y luego fue cambiado.
roque@abc.com.py