José Caballero, titular de la Caja Bancaria, explicó que en el proyecto de Ley planteado por el Poder Ejecutivo y que actualmente se encuentra en discusión, se prevé la conformación de un comité calificador de inversiones y otro de inversiones en los que el conjunto de cajas previsionales tendrá un solo representante y por ende, un solo voto a la hora de tomar decisiones. Teniendo en cuenta que las entidades de pensiones son muy heterogéneas, los criterios para dar créditos a afiliados son también diferentes.

Caballero explicó que en el caso de la Caja a su cargo, cuya característica principal es el amparo social, tiene afiliados jubilados que probablemente en ninguna otra entidad recibirán un contrato crediticio por la edad que tienen. Con el plan propuesto por el Poder Ejecutivo, los jubilados bancarios corren el riesgo de quedarse sin crédito si se llega a sancionar una Ley en la forma en que actualmente está redactada. “Muchas personas podrían dejar de ser sujetos de crédito y ese es nuestro temor”, expresó Caballero. Las otras cajas de pensiones tienen también sus criterios de riego conforme al sector en que se desenvuelven, agregó.

La idea es que cada entidad pueda manejarse por su carta orgánica en cuanto a inversión se refiere teniendo en cuenta que para las entidades los créditos otorgados representan una renta a través de las tasas de intereses cobrados. Se pretende también mantener la autonomía de las entidades en cuanto a procesos de elección de autoridades. En el proyecto original, la Superintendencia de Pensiones tiene la figura de una supracaja en que un día el superintendente podría amanecer enojado con la dirigencia de alguna caja y decidir la remoción del presidente o de todo el consejo de una entidad previsional, advirtió.

El próximo martes 26 de julio se reunirá la Capep para afinar el proyecto de Ley que trabajan sus técnicos.