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Los incrementos salariales ya fueron aprobados tanto por la Cámara de Senadores como por la Cámara de Diputados, y el Ejecutivo los aprobaría. Así, es prácticamente un hecho que serán pagados desde junio del año que viene a los funcionarios beneficiados.
Los datos preliminares manejados por el Ministerio de Hacienda dan cuenta de que el costo adicional de estos incrementos superan los G. 584.000 millones (US$ 101 millones, al cambio vigente), que en su mayor parte no tiene financiamiento debido a que los legisladores no previeron de dónde saldrán los ingresos.
Las cámaras –primero Diputados, luego el Senado y confirmado el pasado martes de nuevo por Diputados– incluyeron en el presupuesto 2017 un aumento salarial de 15% para docentes de educación inicial y escolar básica, 10% para los de educación media, 18% para médicos del Ministerio de Salud y 12% para otros personales de blanco de esta misma cartera y del Hospital de Clínicas, y 10% para funcionarios de ANDE.
Además, autorizaron la equiparación salarial de los médicos forenses de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público y para guardiacárceles del Ministerio de Justicia; también nombramientos de 2.000 contratados del Ministerio de Salud y de 300 contratados en la ANDE, en la SAS y la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia (SNNA), así como la creación de 123 cargos en la Cámara de Senadores.
El proyecto de presupuesto del Ejecutivo contemplaba poco más de G. 20 billones (US$ 3.477 millones) en gasto de servicios personales o gasto salarial, pero con los incrementos aprobados en el Parlamento, iría a alrededor de G. 20,6 billones (US$ 3.578 millones), la mayor parte a ser financiado con recursos provenientes de la recaudación de impuestos. En el caso de la ANDE e IPS, se financiará con sus recursos propios.
Como parte de estos gastos no tienen asignados los ingresos, el déficit fiscal de 1,5% del PIB –previsto en el proyecto de presupuesto del Ejecutivo, como lo dice la ley de Responsabilidad Fiscal–, pasará a 1,7% del PIB tras su aprobación en el Parlamento, según dijo ayer el viceministro de Administración Financiera de Hacienda, Ramón Ramírez.
Ramírez reconoció que estos aumentos ya están confirmados y que obligará a Hacienda a poner en vigencia un plan financiero más duro para poder ajustar el déficit al tope de la ley de Responsabilidad Fiscal.