El procedimiento fiscal se inició el martes 10 de abril en la Aduana del Aeropuerto Guaraní de Minga Guazú, con el fiscal Arnaldo Giuzzio, de la unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, y el apoyo de personal del Ministerio de Hacienda. El operativo se realizó ante las sospechas de que en la Semana Santa se estaría ingresando cargas sin el pago correspondiente de los tributos, mediante un esquema montado en la citada institución para hacer ingresar productos pagando menores impuestos (subvalorados) o directamente sin tributar ni un solo guaraní (ingreso “en frío”).
Las empresas cuyas importaciones fueron retenidas suman 8 y son Jireh SA, Brisa del Este SA, Importec SA, Fastrax SA, Electrotec Internacional SA, Micro Center SRL, Lujagri SA y España Informática, todas del Alto Paraná.
De acuerdo con el estudio realizado por los técnicos de Hacienda y por los fiscales intervinientes, todas estas empresas venían tributando un promedio de G. 14.700 a G. 15.000 por cada kilo de productos de electrónica importada que llegaba a la Aduana de Guaraní. El control de estas mercaderías estaba a cargo de los funcionarios aduaneros locales.
Los registros obtenidos por los intervinientes incluyen incluso las últimas 5 importaciones realizadas por estas firmas en marzo pasado, y que demuestra que hasta ese entonces el promedio abonado en concepto de tributo por kilo de electrónica es la referida cifra.
Este monto aumenta considerablemente a partir de las mercaderías controladas. Las cargas retenidas y que fueron sometidas al control de los intervinientes se tuvieron que despachar bajo presencia de los fiscalizadores, lo que hizo que se abone el tributo correspondiente a cada producto. Este proceso marcó una llamativa diferencia con los impuestos pagados por estas mismas empresas con sus anteriores importaciones, tomando el mismo volumen de productos importados. En ese sentido, el pago de impuestos asciende a casi G. 30.000 por kilo de electrónica importada en las cargas controladas.
El análisis de los intervinientes demuestra como ejemplo el caso de unas importaciones realizadas por la firma “Importec SA” (ver info de arriba). La carga verificada tributó G. 163 millones sobre 2.377 kilos de electrónica importada, a un promedio de G. 68.893 por kilo. Sin embargo, la misma empresa pagó como tributo un total de apenas G. 36 millones por 4.739 kilos de electrónica importada.
El administrador de la Aduana de Puerto Guaraní es Alberto Carreras y el subadministrador Jorge Ovelar, hermano del fiscal general adjunto de Alto Paraná, Eber Ovelar.
Se liberó parte de la carga retenida en el Pettirossi
Parte de las casi 80 toneladas de productos de electrónica que fueron retenidas la semana pasada por la fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción en el Aeropuerto Pettirossi, fue liberada la noche del viernes supuestamente porque no se encontraron evidencias en el ingreso irregular de los mismos.
Sin embargo, la fiscalía de Registro de la Propiedad y de Marcas también intervino en este caso y en un primer momento se habló de que había claras evidencias de que la carga tenía mercaderías falsificadas.
La carga llegó a Paraguay la noche del Viernes Santo y quedó retenida por decisión del fiscal Arnaldo Giuzzio, quien en ese momento estaba encabezando un operativo en el aeropuerto Guaraní por las sospechas de ingreso de mercaderías subvaloradas. De hecho, la gente de Giuzzio ya estaba esperando este cargamento en el aeropuerto Guaraní para el jueves, pero llamativamente la carga cambió su destino primario y aterrizó un día después en la principal estación aérea del país.
La fiscalía de Marcas, a cargo de Soledad Quiñónez, ordenó hacer un control total de todos los cargamentos, que se juntaron en total en 7 camiones repletos de productos electrónicos. La mayoría de ellos teléfonos celulares, Mp3, Mp7, entre otros.
De acuerdo con los datos proporcionados ayer por fuentes aduaneras, cerca de 4 camiones ya fueron llevados a Ciudad del Este, en donde está afincada o al menos figura en los documentos la dirección de la firma “M y J”, de Martín Sanabria Ferreira, que supuestamente aparece como dueña de la carga. Al parecer, esta parte del cargamento ya superó todas las pruebas ordenadas por la fiscalía.
El cargamento restante habría sido llevado al depósito de la Fiscalía, mientras se completa el proceso para verificar si las mercaderías son realmente falsificadas o no.
La retención de estas mercaderías formó parte de un operativo que inició la fiscalía en el aeropuerto Guaraní en la pasada Semana Santa.
Abogado asegura que no se “recaudó ni más ni menos”
MINGA GUAZÚ (Silvia Sosa, de nuestra redacción regional). El abogado Rolando Cáceres, representante legal de la Aduana del aeropuerto Guaraní, aseguró que la institución no recaudó “ni más ni menos” con las intervenciones realizadas durante casi dos semanas por el fiscal anticorrupción Arnaldo Giuzzio.
Afirmó que el representante del Ministerio Público acostumbra justificar sus procedimientos sin resultados con los “supuestos incrementos en recaudación”. Explicó que las mercaderías retenidas y despachadas desde la Semana Santa en la terminal aérea corresponden a dos semanas.
Añadió: “entre 50.000 y 60.000 kilos de las cargas retenidas son receptores satelitales, que su valor mínimo ronda por aproximadamente los 30 dólares. El gravamen de esos productos es del 35%, sobre esos 30 dólares”.
Agregó: “en las recaudaciones anteriores no tuvimos receptores satelitales, sino que la mayoría fueron celulares. El valor mínimo de cada uno de estos aparatos de comunicación es de 12 dólares y el impuesto es del 4%, lo que se traduce en 0,50 centavos de dólar más o menos por aparato”.
Insistió que “sumando todo esto da la diferencia de la recaudación, porque con anterioridad no tuvimos receptores satelitales, además, fueron dos semanas de descargas”.
Refirió además que los precios son también diferentes, además de tenerse en cuenta la cantidad. “Cuanto mayor es la cantidad, menor es el impuesto. Por ejemplo, si importan 10.000 celulares, le cobran 100 dólares por unidad; y cuando traen 1.000, 130 dólares. Ahí tenemos la diferencia en precio y valoración”, sostuvo. Aseguró que por el aeropuerto Guaraní lo que más ingresan son aparatos celulares y que esta vez recibieron receptores satelitales.
Por otro lado, el abogado manifestó que el fiscal Giuzzio no halló irregularidad alguna en los despachos de los cargamentos, que fueron liberados totalmente. “Si tenían datos tan precisos como ellos están manifestando y tenían en manos las documentaciones, por qué no pudieron demostrar y se escudan en que supuestamente las recaudaciones aumentaron, sin explicar que corresponden a dos semanas“, señaló.
Finalmente, aseguró que el denunciante, abogado Alfredo Taubber, es quien en realidad comanda los operativos donde no está Giuzzio, como ocurrió en el aeropuerto Guaraní. Taubber dijo que representa a la Cámara de Importadores de Perfumes y Cosméticos (Caimpeco) y a la Unión Industrial Paraguaya (UIP), pero Cáceres asegura que averiguaron con ambas entidades, en donde le habrían desautorizado al letrado.