Los fiscales René Fernández, José dos Santos y Luis Piñánez, del departamento de Delitos Económicos de la fiscalía, presentaron imputación por lavado de dinero, evasión de impuestos y asociación criminal contra los dos exfuncionarios de la SET y contra Delia Segovia, esposa de Centurión Carmona.
Los tres aparecen como los principales responsables de una red de seis empresas “de maletín” que entre 2009 y 2013 habrían evadido impuestos al fisco por al menos G. 340.000 millones (unos 76,4 millones de dólares), mediante la emisión de facturas de contenido falso.
Las firmas vinculadas (ver infografía adjunta) habrían estado operando en la misma dirección en la que funciona la Consultora Segovia y Asociados, a cargo del contador Centurión Carmona.
Igualmente, un par de empresas declararon direcciones inexistentes, supuestamente correspondientes a las empresas PST Shipment SRL y Best Comunicaciones SA.
De la imputación realizada por los fiscales se desprende que de unas 17.850 facturas autorizadas por la SET para operar, el monto del fraude detectado hasta ahora es apenas una parte del total evadido al Estado. De hecho, en la fiscalía aseguraron que todavía no analizaron todas las facturas, por lo que el perjuicio al fisco será aún superior.
Hasta el momento, los fiscales han determinado que hay unas 200 empresas vinculadas con el sistema de compra de facturas. Sin embargo, los investigadores se niegan a entregar a la prensa los nombres de las empresas, con el pretexto de confidencialidad tributaria y fiscal.
Sin embargo, existe una lista de las 10 empresas que más “facturaron” con este esquema. Así, la firma Alpatex, con Juan Miguel Chagra, Diego Daniel Chagra y Miguel Chagra como directivos, facturó en 2012 unos G. 55.134 millones con este esquema. La empresa pertenece desde julio de 2013 al Grupo AJ Vierci, y, según fuentes, ya rectificó el pago de impuestos por unos G. 14.000 millones hace dos semanas. Luego aparece Intercom Ingeniería SA, del diputado por la ANR Carlos Núñez Salinas, que compró facturas por unos G. 27.544 millones.
Las demás firmas, que “facturaron” un promedio de G. 600 millones, son: Divisa Automotores (Jorge Vierci Álvarez y Antonio José Vierci), pero un cambio de acta de 2012 cita a Joaquín Moisés Nunes y a Diego Alberto Frutos como nuevos directivos; Supermercado El País (María Eugenia Riveros y Alberto José Sborovsky); Kennedy & Compañía SA (Yan Young Kennedy, Nidia Rojas y John Edwin Kennedy); Paraguay Textil (César A. Armele, Katia Armele y Marina Beatriz Armele); Impacto SA (María Gloria Arámbulo), el unipersonal Óscar O. Zaracho Méndez y Mepshow SA, que desde 2011 está en manos de Jacinto A. Estigarribia y Zenón Agüero Miranda, del grupo Wasmosy. Anahí SA, que tiene en su directorio a Alice Calabró, Cecilia Calabró y María Belén Calabró.
Los representantes de Supermercado El País y Mepshow SA dijeron que nunca compraron facturas de esta red de empresas, en tanto que los responsables de Anahí SA sostienen que las posibles irregularidades se cometieron cuando la familia Cruz Roa era dueña de esa empresa.
Millonarios embargos
Los fiscales solicitaron al juez de la causa, Humberto Otazú, que aplique a los tres imputados medidas cautelares de carácter real (inmueble) de unos G. 50.000 millones, en razón de que son necesarias para garantizar la reparación del daño ocasionado al erario público.
Con relación a Centurión y Segovia, pidieron que se les prohíba salir del país y que comparezcan mensualmente, además de la presentación de depósitos de dinero, valores, constitución de prensa o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas.
Piden, además, el embargo preventivo de todos los bienes inscriptos a nombre de los tres imputados y de toda suma de dinero, títulos de crédito o valor colocados en entidades financieras hasta cubrir la suma referida.
G. 32.000 millones en rectificaciones
Oficialmente, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) informó recientemente que registraron hasta ahora unas 40 empresas que rectificaron el pago de sus tributos, esto por valor de G. 32.000 millones. Estas firmas participaron del esquema de evasión que montaron los exfuncionarios de la SET para evadir impuestos a través de facturas de contenido falso.
El objetivo de la SET es cobrar, además de la rectificación de impuestos, las multas correspondientes que en este caso llega al 100% del monto evadido.
La institución ya notificó a 75 empresas que aparecen involucradas en el caso para que regularicen los impuestos cuyo pago evadieron.