VILLETA (Higinio R. Ruiz Díaz, corresponsal). La Industria Nacional de Cemento (INC) adjudicó al consorcio Sanfil_GT, representado por Christian Harrison Paleari, el contrato para la provisión de 24.000 toneladas de coque de petróleo, mediante la vía de excepción, por el precio unitario de US$ 299 la tonelada (más de US$ 7 millones en total).
Se estipuló la entrega del material en dos lotes de 12.000 toneladas cada uno. La firma tiene tiempo hasta el 5 de febrero para entregar la primera partida y la segunda, hasta el 15 de marzo. El volumen total es solo para unos cuatro meses, debido a que la cementera utiliza 6.000 toneladas al mes.
Los gremios de la cementera, tanto de Villeta como Vallemí, cuestionaron el procedimiento utilizado y el monto destinado para la compra del combustible, que utilizarán en el horno de clínker, y exigirán la intervención de la Contraloría y Contrataciones Públicas. Indicaron que para la compra del coque se debe realizar una licitación pública internacional y no un llamado por la vía de excepción, que sale más caro, pues en el 2017 la entidad pagó solo US$ 257 la tonelada y ahora abonará casi US$ 300 por cada tonelada.
Los gremios califican de “sospechosa” la determinación de las autoridades de la empresa del Estado y aseguran que solo se busca desangrar a la cementera que prácticamente se encuentra al borde del colapso. Esperan que el Gobierno tome cartas en el asunto.
Por su parte el presidente del ente, Javier Rodríguez, justificó el llamado porque la entidad se estaba quedando sin stock y además se agotaron todas las instancias legales correspondientes. Así también negó que exista sobrefacturación.
“Todo se hizo en forma legal; primero fue un llamado internacional que se declaró desierto y recurrimos a la vía de excepción porque ya no había tiempo y nos estábamos quedando sin stock, y se adjudicó a la mejor oferta, porque las otras eran más caras”, señaló.
Además, la entidad está levantando cabeza, tomando en cuenta que la recibió con un saldo en caja de G. 16.000 y deudas por encima de ese monto, mientras que ahora están llegando a tener G. 45.000 millones en caja.
“No teníamos prácticamente flujo cuando recibimos (la entidad) y con muchas deudas. Tuvimos que negociar con distribuidores y ahora estamos saliendo a flote de nuevo y no existe ninguna maniobra rara en esta licitación, porque solo buscamos mejorar la institución y con transparencia”, dijo.
Informó que está en proceso una auditoría para conocer los destinos que tomaron los recursos del ente con la administración anterior y para posteriormente realizar la denuncia.
El gerente del consorcio, Felipe Sanabria, conversó ayer con ABC y afirmó que no hay nada sospechoso en el proceso y que se adjudicó al precio más bajo. “Entramos en un concurso de precios y nuestra empresa presentó la oferta más barata, y son varios los gastos, como fletes y otros”, expresó Sanabria.