La información fue confirmada ante nuestra consulta por el presidente del Incoop, Hernán Jiménez, quien argumentó que la Cooperativa 17 de Mayo tuvo una fiscalización focalizada recientemente y que en vista a que surgieron informes técnicos preocupantes, ahora se resolvió realizar una fiscalización integral, a fin de determinar las acciones correctivas, o la intervención de la entidad si fuere necesaria.
Para el efecto, explicó que los técnicos del órgano regulador ingresarán a la entidad solidaria la próxima semana, a fin de cumplir con el relevamiento de los datos necesarios para establecer la real situación financiera de la entidad.
Los antecedentes indican que esta cooperativa policial, con más de 24.000 socios, arrastra un alto índice de morosidad en su cartera de créditos, y tiene muchos asociados en crítica situación de sobreendeudamiento debido a malas administraciones en la gestión de créditos.
Justamente, ese hecho agrava la liquidez de la cooperativa, porque no puede cobrar las cuentas pendientes de estos asociados, ya que están sobregirados.
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Además, la cooperativa policial 17 de Mayo figura en registros de morosos, con cerca de 40 demandas y 15 operaciones morosas por atrasos en el pago a sus proveedores por G. 2.400 millones. La entidad arrastra resultados negativos y daño patrimonial por cerca de G. 18.000 millones.
Por este hecho, la citada cooperativa estaba bajo vigilancia focalizada como efecto de una intervención que sufrió en el 2013.
Niega influencia
Por otro lado, Jiménez negó lo dicho a la prensa por el senador colorado Carlos Núñez (dirigente de la otra cooperativa policial, 8 de Marzo), quien afirmó que la presencia del dirigente Blas Verdún, de 17 de Mayo, en el consejo del Incoop estaba trabando la intervención, anunciada justamente ahora.