No es la primera vez que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) elige a una empresa con este tipo de prontuario. Ya lo hizo, por ejemplo, en la asociación público-privada del aeropuerto al adjudicar a Sacyr (en stand by, sujeto al parecer de la Corte Suprema) y en el contrato del “superviaducto”, construido por Isolux (citada en España en medio de procesos judiciales por soborno y otros delitos).
En este caso, se trata de la adjudicación para construir el primer tramo del Corredor Bioceánico entre las localidades chaqueñas de Carmelo Peralta y Loma Plata. El consorcio Corredor Vial Bioceánico, integrado por la Constructora Queiroz Galvão SA, de Brasil, y Ocho A SA, de Paraguay, fue el ganador de la licitación, convocada bajo la modalidad de “llave en mano”, regulada por la Ley 5074, según la cual se financia con capital privado el 100% del diseño, la construcción y la fiscalización de la obra.
La prensa extranjera se ha hecho eco en los últimos meses de los cuestionamientos a Queiroz Galvão. Por ejemplo, el pasado 10 de marzo, el conglomerado de medios O Globo de Brasil publicaba sobre la rescisión de contrato a dicha compañía, por incumplimiento en la obra Línea 6-Naranja del Metro del Estado de São Paulo. Esta constructora forma parte de un consorcio que en tres años apenas avanzó 15% de la obra, adjudicada por 8.000 millones de reales (unos US$ 2.379 millones al cambio actual).
El diario Folha de São Paulo también recordaba el pasado día 9 que la obra de referencia está parada desde setiembre de 2016, tras difundirse el caso conocido como “Lava Jato”, un esquema de sobornos y coimas entre empresas de la construcción y autoridades de la brasileña Petrobras, en el que están involucradas, de acuerdo con la publicación, Queiroz Galvão, Odebrech y otras empresas.
Pero los oscuros antecedentes de la compañía en cuestión trascienden las fronteras de su país de origen. De hecho, el 9 de marzo último se publicaba en el diario “La República”, de Perú, que las firmas Queiroz Galvão y Andrade Gutiérrez “tendrían que abonar hasta 80 millones de soles (US$ 30 millones) de reparación civil al Estado peruano en caso de que resulten declaradas culpables por actos de corrupción en la construcción de la Avda. Néstor Gambetta, en el Callao”.
Así también, el diario El Comercio, de Perú, publicaba el 13 de enero último sobre las primeras detenciones en el marco de una investigación fiscal al “club de la construcción”, una presunta concertación ilícita de firmas constructoras para repartirse obras en ese país. La nota, firmada por la periodista Karla Ramírez Camarena, dice que dicho componente de firmas privadas estuvo integrado, entre otras, por Queiroz Galvão, Andrade Gutiérrez y Mota-Engil (que aquí construye la resistida obra del metrobús).
Queiroz Galvão cambió su cúpula directiva y recortó personal, unos 13.000 operarios, tras el caso Lava Jato, según dice Folha de São Paulo en su edición del 12 de febrero de 2017. El consejo de administración, no obstante, sigue conformado por Mauricio, Ricardo y Fernando de Queiroz Galvão (herederos del fundador).
Millonarias adjudicaciones
El primer tramo del Corredor Bioceánico fue adjudicado por US$ 421 millones. Son 277 km de asfalto en Loma Plata-Cruce Centinela-Cruce Paragro y Carmelo Peralta-Cruce Paragro. Además de Queiroz Galvão SA (Brasil), integra el consorcio ganador la firma local Ocho A, de Luis Pettengill, a la que se le dio también la ruta Naranjal-Ruta 6 (US$ 42 millones) y ampliación de Rutas 2 y 7 (más de US$ 500 millones).