La cooperativa Padre Juan Antonio de la Vega, que fue creada en el 2011 para fomentar la reinserción social de los presos de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, nunca presentó informes ni balances al Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), por lo que se procedió a realizar una verificación in situ en el 2017, según detalló ayer a nuestro diario el titular del ente regulador, Hernán Jiménez. Grande fue la sorpresa que al llegar al sitio que figuraba en los registros oficiales los intervinientes no ubicaron la cooperativa, ni rastros de alguna nueva ubicación de su oficina.
Tras dicha irregularidad detectada por los fiscalizadores, el Incoop ordenó un sumario a los dirigentes para proceder a la liquidación de la entidad, clasificada en el rango C, de pequeño porte.
Directivos en la mira
El Incoop ordenó sumario para los dirigentes de la citada entidad ahora en la mira por supuestas irregularidades administrativas que incluye a los miembros del Consejo de Administración: Blas A. Imas (presidente), Abog. Agustín González (vicepresidente), Lic. Alfredo Cañete (secretario), Abog., Víctor Azuaga (tesorero), Néstor Amarilla (vocal). Además de los miembros de la Junta de Vigilancia: Lic. Pedro Flor (presidente), Antia López (secretaria) y Leónidas Solabarrieta (vocal).
Esta cooperativa dejó sin sus ahorros a por lo menos 17 presos de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y a cuatro exinternos, quienes depositaban allí sus ingresos por los programas remunerados de reinserción social.
La denuncia fue presentada el lunes último ante la Fiscalía y el Ministerio de Justicia. Se cree que cada uno de los 21 denunciantes perdieron un promedio de G. 15 millones y que podrían ser incluso más los afectados.
Cabe señalar que en el 2015, a raíz de una denuncia, la Fiscalía detectó la habilitación irregular de 11 entidades solidarias. Por este caso, fue imputado el extitular del Incoop, Humberto González, por supuesta maniobra para crear estas cooperativas con fines proselitistas durante unas elecciones en el Incoop.