El lote en disputa es el denominado “C3” de la zona de Gabino Mendoza, solicitado por Marcelo Leguizamón y al mismo tiempo por Ricardo Romero Benítez. El caso llegó hasta nuestro diario cuando Leguizamón denunció que el Indert pretende adjudicar la propiedad a Romero, que, según dijo, sería prestanombre de un supuesto contrabandista de la zona de Alto Paraná, Marcos Serrano.
El abogado de Romero respondió esa denuncia con un desmentido de todos sus puntos. Afirmó que quienes están actuando al margen de la ley son los miembros de la familia Leguizamón, al pretender quedarse con varios lotes de la zona.
En conversación con ABC, el abogado del Indert Carlos Peralta se ratificó en un dictamen que había firmado sobre el caso, señalando que “quien tiene mejor derecho es Romero y que Leguizamón nunca ocupó las tierras en cuestión”.
Sin embargo, lo expresado contradice la resolución del propio ente rural (ver facsímil), en que se le declaró “con mejor derecho a Marcelo Sebastián Leguizamón Hermosilla”.
María José Acuña, también abogada del Indert, se mostró más prudente al afirmar que ella se inhibió de tratar el caso, pero que, de todos modos, la adjudicación aún no puede realizarse, pues sobre la propiedad pesa una medida judicial. Una vez que en los estrados judiciales se resuelva el conflicto, el ente rural adjudicará el inmueble, señaló.
Según dijeron, ambos expedientes siguieron dos vías diferentes y se tramitaron de forma paralela, por lo que no habían notado la superposición de los pedidos. Hasta que el de Leguizamón, que estaba en manos del gerente general del Indert, Abog. Carlos Liseras, vuelve a la gerencia de Chaco, y es ahí cuando se junta con los documentos de Romero.
Consultamos a ambos funcionarios qué respuesta o explicación dio Liseras sobre este caso, en vista de que su firma aparece en el expediente recomendando formular una resolución en favor de Leguizamón, pero ninguno nos supo responder.
El fin de semana nos comunicamos también con el representante legal de los Leguizamón, Gabriel Zayas, quien también se ratificó en todos los términos de la denuncia contra el otro grupo que solicita las tierras, así como contra el Indert, que pretende favorecer a un grupo supuestamente relacionado a la mafia del contrabando altoparanaense.
“Vamos a llegar hasta la última instancia. Por eso fuimos los primeros que denunciamos desde el inicio. María José Acuña obró contra los intereses de la misma institución pese al pago y los documentos que demuestran los derechos de Leguizamón sobre las tierras”, dijo.