20 de Mayo de 2017

| PRIMERO, POR POZOS LICITADOS EN 2014; LUEGO, POR PROYECTOS IGUALES VÍA ONG, en 2015

Indert dilapidó G. 3.000 millones al pagar dos veces por mismas obras

Por Gladys Benítez Prieto

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) dilapidó cerca de G. 3.000 millones, al pagar dos veces por las mismas obras. En 2014, vía licitación, adjudicó la construcción de sistemas de agua en localidades de San Pedro. Luego, en 2015, vía ONG, adjudicó iguales proyectos en esos mismos lugares.

El “negocio” de los pozos de la administración actual del Indert, presidida por Justo Cárdenas, no acaba en la repartija de más de US$ 20 millones entre dudosas ONG, que terminaron en manos de políticos y amigos del gobierno de Horacio Cartes. Ahora, salta que previamente, Cárdenas ya había pagado por similares obras, lo que representa un daño para el patrimonio del Estado.

De acuerdo con los documentos obtenidos a través del portal de Contrataciones Públicas, en el año 2014, el ente rural adjudicó varios contratos para instalar sistemas de agua potable en asentamientos de San Pedro. Eso fue a través de la licitación 272944/14 (ver imagen de apoyo).

Al año siguiente, el Indert volvió a desembolsar millones por la construcción de sistemas de agua, pero esta vez, con la intermediación de las dudosas ONG. En al menos tres casos, se repiten los proyectos por los que ya se habían pagado (ver infografía).

Pozos costaron el doble en siguientes contratos

Si tomamos estos tres sistemas de agua potable en particular, para los asentamientos San Miguel Mboi’y (distrito de 25 de Diciembre), Toro Piru (Guayaybí) y Felipe Osorio (Santa Rosa del Aguaray), vemos que la administración de Cárdenas pagó más de G. 1.040 millones, a las empresas de María Luisa Esteche Setrini, Carlos Javier Domínguez Sánchez y Roxana Gaona Zaldívar.

Después, volvió a desembolsar por los mismos proyectos la suma de G. 1.949 millones –casi el doble–, a las ONG denominadas Reseda Poty, presidida por Patricia Karina Ozorio; Asociación Avancemos, fundada por Cynthia Rossana Sugastti López; y Asociación Alto Forrest, de Verónica Coronel Nakagawa.

Denuncia penal

Alto Forrest subcontrató para los trabajos, según los documentos oficiales del Indert, a la firma “Actividades de Construcciones y Servicios SA”, propiedad de Teresa Dolores Rotela Ortiz. Esta compatriota fue una de las que presentó denuncia penal ante la Fiscalía, en el marco del “negocio” de los pozos. Había dicho que utilizaron su nombre para crear una empresa ficticia y sindicó a Patricia Karina Ozorio como la responsable.

Reseda Poty, en tanto, subcontrató a “Libertad Corporation SA”, de Juana Estela Cardozo de Aguilera; y Avancemos, a “Agrocampo”, de Rosa Beatriz Feltes, aparentemente, empresas de maletín.

Nadie da explicaciones

Nuestro diario contactó ayer con Justo Cárdenas, para tener su versión sobre el doble pago por las mismas obras, pero no respondió las llamadas y mensajes a su celular con terminación 211. En tanto que el director interino del Fides, dependencia del Indert encargado de la perforación de pozos vía ONG, Fernando Saguier, se limitó a decir que no tiene información sobre las licitaciones previas.

También llamamos a los teléfonos de las firmas adjudicadas en 2014, que figuran en Contrataciones, pero nadie contestó.

gbenitez@abc.com.py

 
 

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