El presidente del Indert, Justo Cárdenas, adjudicó en 2014 a la empresa Ysyry Perforaciones, de María Luisa Esteche, la construcción de un sistema de agua potable en el asentamiento San Miguel Mboi’y, distrito de 25 de Diciembre (San Pedro), por la suma de G. 297.343.235. Fue en el marco de la licitación pública N° 272.944, según datos de Contrataciones Públicas.
En esa misma licitación se adjudicó a otras oferentes y el mayor precio fue G. 400.245.516, por la obra de CJD Perforaciones, de Carlos Javier Domínguez, para la zona 13 de Junio, distrito de Edelira (Itapúa).
Un cambio llamativo
Llamativamente, en el año 2015, el Indert declaró desierto el llamado previsto para continuar con las construcciones de pozos y en lugar de regirse por la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, comenzó a gestionar los trabajos vía ONG, electa arbitrariamente y en dudosos procesos.
Precisamente, en el marco del nuevo sistema de contratación, Cárdenas decidió firmar convenio con la Fundación Reseda Poty, presidida por la Ing. Patricia Ozorio, que fue adjudicada para gestionar la instalación del sistema de agua potable en la colonia Mariscal López, 4ª Línea, del distrito Capiibary (San Pedro). El precio en este caso se disparó a G. 971.880.000, a lo que se sumó un 10% de “gastos gestionales” de la ONG, que hizo trepar la suma final a G. 1.069.068.000 (ver cuadro).
Al comparar el desglose de los costos de las obras (ambas realizadas en San Pedro), se puede verificar en qué ítem aparentemente se encuentra el rubro que se estaría inflando. Según fuentes no oficiales del ente agrario, lo que hacen para justificar los millonarios montos de los pozos es abultar el costo de la red de cañería.
ABC se comunicó ayer con el fiscal Luis Piñánez, de Delitos Económicos y Anticorrupción, quien fue asignado para la causa sobre construcción de estas obras encaradas por el Indert. En tal sentido, informó que está analizando la causa recientemente abierta y que la semana entrante realizará los primeros actos de investigación. El caso, según lo explicado, podría derivar en lesión de confianza que afectaría directamente a Cárdenas, de comprobarse las presunciones, y también estafa, por los altos montos adjudicados a ONG.