Casi como un lema de su administración, el presidente del Indert, Justo Cárdenas, viene promocionando la “recuperación de tierras públicas que estaban siendo usurpadas por productores no sujetos de la reforma agraria”.
En un reciente comunicado de prensa, el ente informó sobre la “regularización jurídica y administrativa de unas 10.000 Ha de tierras públicas”. En otro informe, se había informado sobre el millonario valor de esas recuperaciones, “sin gastar un solo guaraní del presupuesto del Estado”.
Sin embargo, en el portal de la Dirección de Contrataciones Públicas están registrados 10 procesos de adjudicaciones de tierras en el ejercicio fiscal 2015, vía compra directa por vía de la excepción. En total, esas adquisiciones tienen un valor de G. 41.528 millones, equivalentes a US$ 7 millones al cambio actual, por unas 4.000 Ha (ver cuadro).
Ayer, vía mensaje de texto, Cárdenas alegó que se tratan de procesos antiguos, anteriores a su gestión. “Hemos publicado en varias oportunidades que todos los pagos que se realizaron fueron en pago de la deuda del instituto y que no responden a nuevas compras. Esto se puede comprobar observando cada expediente pagado. El año ante pasado se redujo un 75% de la deuda contable de la institución, mientras que el año pasado hemos pagado una serie de expropiaciones aprobadas en ejercicios anteriores”, afirmó.
Por otro lado, Cárdenas se jacta también de la recuperación de tierras, pero no cuenta qué superficie de las 10.000 Ha informadas siguen en conflicto judicial. Es decir, se desconoce la cantidad real efectivamente reintegrada al patrimonio del Estado.
Desde Santa Lucía (Alto Paraná), promocionada como “colonia modelo” del ente, hasta otros lugares menos conocidos, como el de 8 de Diciembre del mismo departamento, sigue habiendo numerosas quejas, pues en muchos casos, las tierras fueron despojadas a campesinos que no pudieron cumplir con el requisito de vivir en el mismo lugar de la producción, ante la ausencia del Estado que no proveyó en su momento los servicios básicos para que las personas puedan vivir en el lugar con sus familias.
Además, tampoco el ente agrario se involucra y ni siquiera se pronuncia cuando las tierras están siendo explotadas por grandes empresarios, como el caso de Horacio Cartes, cuya estancia Sofía está asentada en una colonia del Indert de Amambay. Estas tierras forman parte de las 140.000 Ha que en 1977, el entonces IBR compró al BCP, más las 30.000 que la banca donó para que sean distribuidas entre excombatientes del Chaco.
Respecto a este tipo de casos, Cárdenas no se anima a aplicar la promocionada recuperación de tierras públicas de manos de los supuestos usurpadores.