De acuerdo con la Resolución N° 222/15 de la Contraloría General de la República (CGR), que muestra el informe final de la auditoría, hubo transgresiones a varias normativas en materia de gestión estatal. El documento fue entregado al titular del ente agrario, Justo Cárdenas, en setiembre de 2015, y se puede obtener del portal web de la CGR.
El principal cuestionamiento es la diferencia de G. 1.642 millones entre la ejecución presupuestaria mensual por objeto de gasto y el listado de comprobantes de pago proveído por Administración y Finanzas. Así también, el órgano contralor observó otra desigualdad de G. 1.146 millones entre la base de datos de pagarés en el sistema y los pagarés existentes en Gerencia de Créditos, incumpliendo la Ley 1535 en su artículo 56.
El Indert efectuó pagos por G. 541 millones bajo el objeto de gasto “Honorarios profesionales” a personas cuyas actividades declaradas ante Tributación de Hacienda no corresponden a la verdadera naturaleza del gasto, incumpliendo el clasificador presupuestario anexo de la Ley 5142 que aprueba el Presupuesto 2014.
La CGR verificó, además, una diferencia de G. 32,7 millones entre la ejecución presupuestaria mensual por detalle de origen del recurso y la planilla de control de recaudaciones por depósitos, que trasgredió la Ley 1535 y el decreto N° 8127/00.
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Otras críticas al Indert fueron: “Deficiencias en los pagarés analizados, ya que se encuentran sin fecha, sin nombre del beneficiario, sin monto, pagarés cuyo firmante no coincide con el beneficiario, cuyos datos están modificados con corrector, escritos a lápiz; pagos a comisionistas que han realizado cobros a beneficiarios por venta de tierras, no observándose ‘gestiones’ realizadas por los mismos”.
“Fue todo justificado”
El gerente de Créditos del Indert, Carlos Soler, afirmó ayer que las observaciones de la CGR sobre los pagarés, que es el tema que compete a su área, “fue todo justificado”, ya que se hizo un inventario y se han enviado los que faltaban. Sobre deficiencias (pagarés sin fecha ni nombre, en lápiz, etc.) reconoció que es real, pero dijo que es “mal heredado”. Indicó que ahora se dejó de usar este tipo de documentos y se generan cuotas directas con 1% de interés al mes.
Defendió el trabajo de comisionistas, diciendo que sólo se abona por las gestiones que estos realizan y quienes rechazan a los perceptores pueden pagar sus cuotas en oficinas regionales del ente o en la central.
En cuanto a la falta de comprobantes por valor de G. 1.642 millones, se excusó diciendo que no es área de su competencia. ABC quiso hablar al respecto con Cárdenas, pero en su oficina nos dijeron que no se encontraba y no respondió los mensajes enviados a su celular.