Antebi Cue, una propiedad ubicada entre los departamentos de Concepción y Amambay, fue expropiada por ley N° 517 de 1995, pero nunca sirvió para los fines agrarios, según reconocen en el mismo Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), presidido desde 2013 por Justo Pastor Cárdenas.
Los datos sobre el caso indican que de la expropiación total de 224.000 hectáreas que se decidió hace 22 años, solo 42.945 Ha se pudieron destinar a colonias campesinas; 103.018 Ha fueron declaradas reserva natural; mientras que 79.096 Ha son explotadas, irregularmente, por no más de 20 ganaderos.
“Ganaderos que tienen sendas ganancias por las cuales no pagan un solo guaraní al Estado”, había dicho hace dos años Carlos Soler, actual gerente de Créditos del Indert, para justificar un proyecto de ley que buscaba “recuperar los US$ 40 millones invertidos por el Estado para la expropiación”. A través de ese proyecto, que finalmente no tuvo la aprobación del Congreso, pretendían cobrar US$ 1.000 por hectárea a los ocupantes irregulares y, en esa ocasión, Soler había recalcado que el caso Antebi se trataba de un “elefante blanco”.
Contradictoriamente, hoy la administración de Cárdenas está gestionando el pago de G. 30.000 millones a la empresa Comercial Inmobiliaria Paraguayo Argentina (Cipasa), en concepto de “intereses”, que son unos US$ 5,4 millones al cambio actual. Eso se desprende de la Nota N° 59/17 de noviembre pasado, enviada por el gerente de Administración y Finanzas del Indert, Gustavo Ortiz, al director general del Tesoro Público, Marcos Elizeche, en la que solicita “la aprobación del Plan de Caja, correspondiente al nivel 70” (ver facsímil).
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Gerentes “no saben”
Nuestro diario conversó ayer con Carlos Soler para consultarle la justificación del desembolso, pero se excusó diciendo que desconoce si hubo pago y que si fue así, probablemente habrá sido porque hubo una medida judicial de por medio. “Para mí sigue siendo un negocio nefasto para el Estado, un elefante blanco”, acotó y añadió que toda la información que él maneja es que las cuotas de pago a Cipasa se cancelaron en esta administración.
También nos comunicamos con Carlos Liseras, gerente general del Indert, pero nos dio una respuesta similar. “Desconozco totalmente, porque no tuve ninguna participación, no me llamaron para ninguna reunión, no me consultaron. No sé si se pagó o se va a pagar”, afirmó.
Posteriormente, después de varios intentos de tener la versión del ente rural, logramos conversar con el gerente administrativo, Gustavo Ortiz, quien aseguró que hasta la fecha no se ha realizado ningún desembolso. “No tenemos autorización para el pago”, dijo.
En manos de Cárdenas
Al ser consultado si aún faltaba el visto bueno de Hacienda, explicó que la cartera ya autorizó el plan de caja. “Lo que no tenemos es la autorización para pagar del presidente (Justo Cárdenas)”, añadió.
Preguntamos al funcionario en qué se basaron para justificar el millonario desembolso y respondió que Cipasa “gestionó a través de la Procuraduría”, pues hubo un juicio contra el Estado, aunque acotó que él no maneja los entretelones jurídicos del caso.
Sin embargo, de acuerdo con la sentencia definitiva Nº 368, que fijó el precio a pagar a los Antebi por las tierras de la ex Cipasa, lo que el Indert debía abonar eran solo 10 cuotas de G. 21.597 millones. En ninguna parte de la sentencia se habla de “intereses” (ver facsímil).
ABC se comunicó también con el actual procurador general de la República, el abogado Francisco Barriocanal, quien se excusó diciendo que no maneja los detalles del caso, aunque prometió devolvernos la llamada luego de adentrarse más en el tema. Hasta el cierre de esta edición, no tuvimos retorno.
Finalmente, intentamos conversar con el presidente del Indert, pero Cárdenas no responde a ABC desde hace varios meses. Le enviamos mensajes a su celular con terminación 211, pero no obtuvimos ninguna respuesta.