Después de develarse el año pasado el negocio de los pozos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), la actual administración de Justo Cárdenas dispuso un “procedimiento tendiente a la recepción final de obras de sistemas de abastecimiento de agua potable”.
Viendo al Ministerio Público investigar las denuncias sobre obras deficientes, inconclusas y otras que ni siquiera habían empezado pese a los millonarios fondos desembolsados, Cárdenas firmó las Resoluciones N° 1668, de junio de 2016, y la N° 2155, de agosto siguiente. En ellas, dispuso que “en caso de que se determinen diferencias menores entre los costos previstos en los presupuestos de cada proyecto y lo realizado –en cuanto a la profundidad del pozo perforado, la longitud de la red de distribución u otros rubros del proyecto que hacen a la funcionalidad del mismo–, las mismas deberán ser cuantificadas y las ONG deberán reembolsar al Indert, compensando de esta manera las diferencias determinadas en cada caso, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales que correspondan”.
Ayer, publicamos el caso de la Fundación Cerro Lambaré (Fucela), que devolvió G. 49,6 millones al instituto para tratar de salvarse de la Fiscalía, pero que es apenas el 2% del total que esta ONG recibió por pozos perforados en asentamientos de Horqueta y que hoy funcionan de forma parcial o deficiente.
Otros organismos como Alto Forest, que proveyó sistemas en Capiibary y otros distritos de San Pedro, recibieron una pequeña ayuda del instituto agrario, que se tradujo en un descuento del 87%. La ONG, presidida por Verónica Elvira Coronel Nakagawa, debía devolver G. 272,5 millones al ente agrario, pero tras una “reverificación” de las obras, el monto se redujo a G. 34,1 millones (ver facsimilar).
Pero este importante descuento no es el único aspecto llamativo. También el hecho de que el equipo verificador estaba liderado por Inocencio Bogado, un funcionario del Indert leal de Cárdenas que no tiene formación alguna en obras de construcción y menos aún en sistemas de agua potable, según él mismo había reconocido.
Fondos para políticos
Supuestamente, las ONG que trabajan con el Indert deben subcontratar a la mejor oferta entre varias opciones. Pero la propia Fiscalía verificó que la elección de la “constructora” el año pasado fue absolutamente arbitraria y se observó además la repartija de los fondos públicos entre políticos y aparentemente, hasta autoridades del ente.
Precisamente, Verónica Coronel Nakagawa reconoció ante el Ministerio Público que ella no decidió a qué empresa subcontratar, sino que esa determinación fue tomada por Patricia Karina Ozorio, titular de otra ONG llamada “Fundación Reseda Poty”, que también recibió millones del Indert.
Las “constructoras” que a su vez fueron subcontratadas para los trabajos tienen denominaciones como “Bunquers”, “Armando Construcciones” y “Actividades de Construcciones”.
Según los datos, “Bunquers” es propiedad de José Martínez, dirigente colorado y amigo del presidente de la República, Horacio Cartes, mientras que Armando Construcciones es la empresa del hijo de Martínez.
Empresa de maletín
En cuanto a la firma “Actividades de Construcciones”, está a nombre de una compatriota llamada Teresa Rotela, quien a través de una publicación que hizo nuestro diario, el año pasado, se había enterado de que usaron su nombre para el “negocio” de los pozos y negó haber recibido fondos. Por ese motivo, presentó una denuncia fiscal contra Patricia Ozorio, que en el pasado era su jefa y a quien acusa de haber falsificado su firma para crear la empresa de referencia. Aparentemente, la empresa que se encargó de las obras fue la de Martínez.
Millonarios fondos
La ONG Alto Forest recibió más de G. 12.000 millones para gestionar sistemas de agua potable, mientras que el monto de Reseda Poty supera los G. 20.000 millones.
El local de Fundación Resedá Poty es el mismo que el año pasado fue buscado por el Ministerio Público, pero en cuya dirección declarada encontraron un motel. En la Avda. General Genes e/Cerro Corá de San Lorenzo lo que hallaron los agentes fiscales fue el motel “New Bambú”, una parada de taxi, una casa y un negocio. Supuestamente, la ONG cambió de dirección y solo se olvidó de informarlo.
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