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Sigilosamente, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) ingresó en diciembre pasado un proyecto de ley a la Cámara de Diputados que, según los datos a los que accedió nuestro diario, buscaría regularizar los atropellos que el ente ha realizado en propiedades fiscales que tienen ocupación, posesión y pagos, pero que no llegaron a finiquitar el título.
Se trata del proyecto que crea el Fondo Nacional de Tierras y el Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT) y que modifica varios artículos del Estatuto Agrario. El documento tiene fecha de mesa de entrada 5 de diciembre de 2017, pero, según el Sistema de Información Legislativa, todavía no fue tratado y ni siquiera cuenta con dictamen de las comisiones legislativas competentes.
Tanto la Unión de Gremios de la Producción (UGP) como la Asociación Rural del Paraguay (ARP) esgrimen objeciones al planteamiento. El representante de la UGP ante la Junta Asesora del Indert, Dr. Herminio Medina, dijo ayer a ABC que la iniciativa es “absolutamente inconstitucional”.
Citó dos cuestiones específicas. Primero, que el texto aprueba la entrega gratuita de tierras fiscales, lo que a su criterio hará que el gobierno de turno reparta a su antojo propiedades del Estado y creará un “caos absoluto”. Segundo, lo que genera mayor preocupación es lo relacionado al SIRT y la finalidad real de esta dependencia.
De acuerdo con lo señalado, el SIRT hoy ya existe como un proyecto financiado a través del PNUD, que en principio costó US$ 400.000 al ente agrario y que luego terminó ascendiendo a US$ 1 millón. Inicialmente, nació como herramienta de relevamiento de datos de la situación de cada lote entregado por el Indert, pero luego sirvió de instrumento al servicio del actual titular del ente, Justo Cárdenas. “Comenzaron a repartir tierras, sacar a la gente sin recurrir a la justicia y quieren convertir eso ahora en una organización más del Indert, que ya está sobresaturado de funcionarios”, señaló Medina.
Reversión del inmueble
Precisamente, el proyecto de ley señala que “el Organismo de Aplicación declarará la reversión del inmueble a su patrimonio, identificando al ocupante o adjudicatario y expresando los fundamentos de la resolución. Dicha resolución deberá ser notificada al afectado y una vez firme, el Organismo de Aplicación podrá solicitar al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial competente el desalojo de los ocupantes” (ver facsímil).
Nuestro diario conversó respecto al tema con Celso Troche (ANR), diputado por Caazapá y presidente de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural de la Cámara Baja, quien se hizo cargo del proyecto de ley presentado por Cárdenas. Señaló que la intención es solamente regularizar la tenencia de tierras y que más adelante se convocará a los gremios del sector privado para que den su parecer sobre el emprendimiento.
“Tampoco quiero ser responsable de una ley inconstitucional, a nivel personal ni a nivel institucional. Por esa misma razón vamos a invitar a la Comisión de Bienestar Rural de la Cámara de Diputados a todos los que tengan interés”, prometió.
Artículos a modificar
El proyecto de ley en cuestión pretende modificar varios artículos de la normativa agraria vigente. Se trata del proyecto “Que crea el Fondo Nacional de Tierras y el Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT)” y “Que modifica y amplía el artículo 59° de la ley N° 1863/02 ‘Que establece el Estatuto Agrario’ y el artículo 2° de la ley N° 2531/05 ‘que modifica el artículo 16 de la ley N° 2002/02 ‘que modifica varios artículos de la ley N° 1863/02 y los artículos 17, 58, 90 y 93 de la ley N° 1863/02 ‘Que establece el Estatuto Agrario, Artículo 93°’”.