El lote en disputa es el denominado “C3” de la zona de Gabino Mendoza, distrito de Bahía Negra (Alto Paraguay), que está ocupado por Marcelo Leguizamón desde el año 2012, de acuerdo con una mensura que hizo el propio Indert. Pese a ello, ahora el ente agrario pretende entregar el mismo inmueble a otro solicitante, de nombre Ricardo Romero Benítez, quien sería prestanombre de un presunto contrabandista de la zona de Alto Paraná, Marcos Serrano. Así lo denunciaron en visita a ABC el señor Leguizamón, quien estuvo acompañado por su padre, Ignacio Leguizamón, y su representante legal, Abog. Gabriel Zayas.
Según relataron, el otro grupo que pretende sus tierras se desenvuelve en medio de delitos y violencia, tal y como actúa el crimen organizado. Comentaron que el anterior representante de Romero Benítez, Abog. Cristóbal Canale, contrató sicarios para matar al entonces representante legal de Leguizamón, Abog. Miguel Mendieta. Los documentos del expediente indican que por ese hecho, Canale hoy está preso en Tacumbú, por ser autor moral de tentativa de homicidio; por el mismo delito fue condenado otro letrado que trabajaba en el grupo, de nombre Jorge Bóbeda, quien fue beneficiado con medidas alternativas.
Pero los hechos de violencia no se limitan al intento de asesinato, siguieron relatando nuestras fuentes, pues también hubo una invasión y usurpación de la propiedad y hasta un asesinato. “Esta gente sacó a la fuerza a nuestro personal, efectuó 150 tiros contra la vivienda, quemaron la casa y así comenzaron a tener la posesión fraudulenta de nuestro lote. Nosotros denunciamos a la Fiscalía, pero no fuimos escuchados. Anteriormente, ya habían asesinado a nuestro excapataz, Juan Pablo Pérez. Todo esto salió en la prensa”, comentó don Ignacio Leguizamón.
Según los datos del expediente, este otro solicitante y su gente salieron del lote C3 tras un amparo judicial de 2014 en favor de Leguizamón, que prohibió el ingreso de extraños. Como dicho amparo fue desacatado, hubo un allanamiento judicial y así se pudo recuperar el terreno. En esa ocasión, quienes habían entrado a la fuerza huyeron para no ser imputados, pero se verificó que tenían trajes de parapara’i y armas largas.
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Los denunciantes lamentaron que ante este escenario, el presidente del Indert, Justo Cárdenas, hasta ahora no los haya recibido. Indicaron además que la directora jurídica del ente del área del Chaco, María José Acuña, les dijo que ellos solos resuelvan el problema. “Nosotros no le vamos a regalar nuestras tierras, porque trabajamos y tenemos inversiones. No queremos nada incorrecto. No vamos a estar con agachadas debajo de la mesa para coimear. Solo pedimos que el Indert cumpla su responsabilidad”, subrayó Leguizamón.
Gabriel Zayas acotó a su vez que el instituto no solo está incumpliendo su rol, sino además emitió un dictamen a favor de Romero Benítez, elaborado durante los meses en que el otro grupo estaban en “posesión fraudulenta”. El documento fue firmado por el Abog. Carlos Peralta, del área Jurídica.
Dictamen se basó “en informes”
En conversación telefónica con nuestro diario, el Abog. Peralta se excusó diciendo que su dictamen se basó en informes sobre el terreno que se agregaron al expediente. “Nosotros siempre somos los malos de la película, pero resulta que esta gente, los Leguizamón, nunca tuvieron posesión”, señaló.
Consultado sobre la mensura del propio Indert y que hace referencia a la ocupación, se limitó a responder que “esta gente miente” y que “la mensura no tiene nada que ver, no causa ningún efecto”. Insistido sobre los documentos que muestran derechos de Leguizamón, reconoció que no tiene bien claro el caso y que su respuesta es genérica. Pidió que el martes lo visitemos en su oficina.