El presidente del Indert, Justo Cárdenas, pidió a la Dirección de Transparencia y Anticorrupción del ente un informe sobre el funcionario en cuestión, “la forma de ingreso a la institución y si llenó todos los requisitos pertinentes para tal efecto”. Fue tras la publicación de la prensa acerca de que Cuevas estaba como comisionado del Ministerio de Agricultura y tras una relación sentimental con la entonces directora de Gestión y Desarrollo de Personas (lo cual fue comprobado e incluso de público conocimiento en la institución), pasó a ser funcionario permanente del instituto sin hacer concurso de oposición. Eso le significó un incremento salarial de G. 2.062.300 que percibía en el MAG a G. 9.183.720, en un aparente caso de tráfico de influencias.
Al respecto, el ente rural alega ahora que si bien Cuevas no rindió ningún examen de méritos y aptitudes, su ingreso fue legal por tratarse de un “cargo de confianza”, según establece el artículo 8 de la Ley 1626/00 de la Función Pública.
Sin embargo, la propia Secretaría de la Función Pública, tras una consulta hecha por Cárdenas, respondió que los cargos de confianza están previstos en los incisos a, c y e de la Ley 1626. Tales incisos expresan taxativamente que esa modalidad incluye a: ministros y viceministros, el procurador, los secretarios del Gabinete de los ministros o del Poder Ejecutivo, los presidentes, miembros del consejo o directorios de entidades descentralizadas y, finalmente, los directores jurídicos, económicos o similares.
Vale decir, un asesor no ocupa un cargo de confianza, como pretenden justificar en el instituto agrario. Nuestro diario insistió sobre este punto en mensajes enviados al presidente del Indert, pero este no los respondió.
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También quisimos hablar con Cuevas, pero este no respondió nuestras llamadas a su celular con terminación 285. El funcionario es abogado y se desempeña como asesor jurídico de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas, nombrado por Resolución Nº 1566 firmada por Cárdenas en 2015.