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Se trataría de una práctica de desmonte encubierto, en el que se echan árboles que bordean la chacra e inmediatamente se procede a cultivar en el área despejada. El procedimiento pudo ser observado y fotografiado el domingo en horas de la tarde, a la altura del Km 56 de la Ruta VI. En el sitio está operando una máquina equipada con una especie de brazo para mover rollos y un tractor agrícola con un conductor y dos asistentes en plena tarea de siembra.
Mientras la primera máquina despejaba el borde del bosque, inmediatamente pasaba encima el tractor agrícola con la correspondiente siembra. En poco tiempo no queda ni rastros de que fue afectada una parte del bosque. Esto ocurre pese a que rige la Ley número 2524/2004, conocida como “de deforestación cero”, que prohíbe en toda la Región Oriental actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques.
La norma, sin embargo, vale menos que papel mojado ante la “viveza” de personas que no toman conciencia de la importancia de preservar los recursos naturales, y en su afán de aumentar las superficies de cultivo y obtener mayor lucro se las ingenian para burlar los mecanismos de control, en detrimento de la preservación del ambiente.
La ley “de deforestación cero” está vigente en los papeles, pero no tanto en la práctica. La normativa había sido aprobada en el 2004, y luego ampliada hasta el 2013. Ese mismo año 2013 el Senado aprobó una nueva prórroga que extendió su vigencia hasta el año 2018.
Según el Lic. Rivas, el bosque nativo afectado tenía un total de 5,5 hectáreas, de las cuales, al momento de la intervención, ya se habían echado casi una hectárea. Añadió que el propietario alegó que solo se trata de un sotobosque (capuerón).
El dueño es Jacobo Meyer Steimberger, agricultor del distrito de Pirapó. El mismo habría infringido el Art. 7º de la Ley 2524, que dispone que los infractores serán pasibles de sanciones previstas en el Art. 4° de la Ley N° 716/96 “Que sanciona delitos contra el medio ambiente”, que prevé penas de penitenciaría de tres a ocho años y multas de 500 a 2.000 jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas: