La compañía brasileña de capital mixto Eletrobrás es parte constitutiva de Itaipú junto con la ANDE, según el tratado, por lo que la decisión de vender las acciones que son propiedad del Estado del vecino país tiene una gran relevancia para la entidad binacional. Entre otras cosas, porque la compañía es la que se encarga de la compra, transmisión, distribución y comercialización de la energía producida por la central hidroeléctrica en el mercado brasileño y, además, es acreedora de una parte de la deuda que tiene la entidad.
Según el anuncio publicado por el Ministerio de Minas y Energía (MME) el pasado lunes, la privatización “traerá más competitividad y agilidad a la empresa para gestionar sus operaciones, sin las ataduras impuestas a las estatales”.
La propuesta deberá ser analizada ahora en el seno del Programa de Asociaciones en Inversiones (PPI) de la Presidencia, un órgano multiministerial que es responsable por definir los procesos de privatización de estatales brasileñas y por las concesiones a la iniciativa privada.
De acuerdo a las informaciones publicadas, el Gobierno brasileño podría optar por vender el control total de Eletrobrás o abrir su capital para pulverizar la participación accionaria del Estado, pero conservará el derecho a vetar decisiones contrarias a sus intereses mediante una “golden share” (acción de oro), que es como se denomina en el mercado bursátil a una acción nominal que permite a su poseedor vencer a todas las demás, según explicó la asesoría del MME a la AFP.
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Las autoridades paraguayas de Itaipú se reunieron ayer en la sede de Asunción para analizar el tema. Además fueron informados por el director general James Spalding sobre el comunicado conjunto emitido por los presidentes de Paraguay, Horacio Cartes, y del Brasil, Michel Temer. En ese encuentro bilateral se sentaron las bases para conformar un Grupo Binacional de Trabajo a fin de agilizar las consultas y estudios técnicos del Tratado de la Itaipú, cuyo plazo (50 años) para la revisión de los anexos se cumple en el año 2023.
En dicho acuerdo ambos presidentes determinaron que en octubre se realizará la primera reunión del Grupo Binacional de Trabajo.