Según Barreto, la medida más efectiva sería la cárcel con muchos años de pena para los funcionarios corruptos, como también para aquellos que pagan coimas y corrompen a los funcionarios, vulnerando el sistema para ganar dinero. “Creo que la ciudadanía tiene que dar señales claras de rechazo a la corrupción en nuestro país en todos los frentes”, afirmó el economista.
Añadió que de otra manera no se va cambiar la cultura imperante y enfatizó que de la misma forma se debe proceder también con los evasores de impuestos.
Barreto hizo estas reflexiones en el marco de unas recomendaciones realizadas por el FMI y el BM. Los citados organismos elevaron la semana pasada una “hoja de ruta” a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), tras una revisión que realizaron en la institución, en el cual se detallan algunas reformas estructurales que se requieren para frenar los casos de corrupción en el ente, entre las que se destacan por ejemplo, la necesidad de endurecer las sanciones e incluir a los funcionarios en este proceso punitorio cuando estén involucrados en actos de corrupción.
En la ocasión, los técnicos de los organismos internacionales habían apuntado que no vieron que los funcionarios sean sancionados, porque, normalmente, ante una situación irregular se da que los importadores reciben la sanción y pagan las multas correspondientes, pero el aduanero involucrado o el que dejó pasar la mercadería no es sancionado.
Para el economista y también ex ministro de Hacienda Manuel Ferreira, la aplicación de sanciones más duras es una medida que ayudará bastante, pero advirtió que se debe ser expeditivo con el tipo de sanciones que puede ser aplicado, ya que los funcionarios se rigen por una Ley que establece ciertas limitaciones, por lo que se corre el riesgo que las medidas sean recurridas ante la justicia. “Para que esto sean factibles estas recomendaciones se tendrían que modificar aspectos de la Ley”, afirmó. El economista sugirió avanzar en modificaciones para que los funcionarios tengan menos poder sobre las cosas, y en convenios con los países a fin de realizar controles cruzados sobre las mercaderías que son despachadas en origen.
El viernes pasado, tres aduaneros cayeron en un operativo porque pidieron US$ 4.000 para acelerar un dictamen favorable a una importadora. El caso fue denunciado por el propio director nacional de Aduanas, Julio Fernández, quien solicitó la intervención de la Fiscalía a raíz de una denuncia de la empresa “apretada” por los funcionarios.
Los funcionarios fueron procesados por cohecho pasivo y cuentan con arresto domiciliario.
Por otro lado, existen varios funcionarios de Aduanas procesados por enriquecimiento ilícito. Entre ellos está están Luis Pintos Aguilera y Elvis Carrera Ríos fueron imputados por enriquecimiento ilícito y sus respectivas esposas por lavado de dinero. La investigación del Ministerio Público corroboró que los funcionarios públicos acumularon cuantiosos bienes cuyo origen no pueden justificar.
La expectativa de pena es hasta diez años de penitenciaría, según prevé nuestra legislación penal.