El apoderado del BCP, Jorge Riquelme, y la funcionaria, Marta Ruiz Díaz, denunciaron el hecho. El inmueble está ubicado a unos 10 kilómetros de la ciudad en el acceso Carapeguá-Nueva Italia, compañía Bajo Guazú. Como supuesta cabecilla del grupo fue denunciada Guadalupe Gaona Santacruz.
La asistente fiscal Liz Portillo dijo que Gaona Santacruz fue notificada para una indagatoria, pero que se abstuvo de declarar. El agente fiscal Rafael Ojeda está en conocimiento que más familias van ingresando desde el viernes último al inmueble, por lo que solicitó a la Policía Nacional que individualice a los ocupantes del predio.
Dijo que también se pidió al Registro Público Nacional un informe para saber con certeza si el inmueble en cuestión pertenece al BCP, y si se confirma que es propiedad privada se solicitará el desalojo. El grupo de personas, todos vecinos de Bajo Guazú, conformó una comisión vecinal cuyos miembros dicen que esperan que el intendente Luciano Cañete (ANR), firme el reconocimiento de la organización. Es a los efectos que puedan también gestionar por cuenta propia la legalización de sus ocupaciones.
La vicepresidenta, Mabel Ignacia Lezcano, indicó que fue desalojada por la comuna local, en noviembre pasado de su puesto donde vendía tereré.
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