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La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que inició la Fiscalía de Delitos Económicos a 10 “magos” de las finanzas, funcionarios de Aduanas, va ganando impunidad.
A seis meses de abrirse la causa, los fiscales Hernán Galeano y Claudia Morys no han concluido una sola investigación.
El fiscal adjunto de Delitos Económicos, Federico Espinoza, primeramente había adjudicado el problema a la “burocracia”, que no les permitía munirse de las documentaciones. Ahora, le tiran el fardo a la Contraloría General de la República.
“Estamos aguardando el examen de correspondencia de la Contraloría”, respondió Espinosa ante una nueva consulta sobre el caso. Sin embargo, la fiscalía tiene atribuciones de acceder a movimientos financieros, inversiones realizadas por estos funcionarios y que superan de forma extraordinaria sus ingresos en la Aduanas.
Varias de las caras del grupo de los conocidos como “magos” de las finanzas volvieron a aparecer en un resumen especial realizado por EN360 divulgado anoche en el programa Periodísticamente de ABC TV.
Nuestro diario publicó una lista de 30 aduaneros que con modestos salarios inauguraron lujosas residencias, construyeron edificios, se hicieron empresarios, compran vehículos de alta gama y llevan una vida de reyes, y que pasan desapercibidos para los entes de control.
Por ejemplo, el joven Luis Roberto Pintos, hijo del operador cartista Ángel Pintos Balbuena, que invirtió G. 4.600 millones entre el 2014 e inicios del 2017, desistió de la compra de una casa de G. 1.000 millones al saltar su caso. Javier Agüero, Gustavo Kirmser, Osvaldo Molinas Riso, Nelson Mancuello, y otros operadores del presidenciable Santiago Peña, gozan de la protección política antes de afrontar el proceso de la justicia.
Mientras “trabajan” por Peña, el director de Aduanas, Nelson Valiente Saucedo, los mantiene en apetecibles puestos de recaudación.
Por su parte, la fiscalía juega el papel de la gran ausente en un caso que genera la indignación de los contribuyentes.
La Declaración Jurada de Bienes queda como un mero protocolo ante los millonarios bienes que acumulan y ostentan funcionarios con magro sueldo. Los entes de control pasan desapercibido, no hay un sólo informe actualizado por la Contraloría.