En el considerando de la reciente resolución que dispone la apertura de una causa penal para investigar el proceso de contratación que derivó en la construcción del superviaducto, la fiscalía menciona una serie de indicios que motivan la apertura de esta investigación.
El principal es la introducción de modificaciones al proyecto cuando ya estaba adjudicado a Isolux, siendo que estas modificaciones, en la etapa de presentar ofertas, habían sido rechazadas por el MOPC al haber sido planteadas por otros oferentes.
“Entre las múltiples irregularidades mencionadas por el señor Ricardo Pankow –diseñador del proyecto– existe descripción de ciertos acontecimientos, tales como aquellos relativos a las modificaciones que tuvo el proyecto original y su impacto en la construcción final de la obra. Estas circunstancias a las cuales hace referencia el denunciante, parten precisamente de las modificaciones que el MOPC realiza a algunos ítems con posterioridad a la adjudicación del contrato de obra”, argumenta el escrito fiscal.
Dice también que estas modificaciones realizadas durante la ejecución del contrato, fueron cambios que los distintos oferentes en el transcurso de la tramitación del llamado a licitación pública, habían planteadas al MOPC, pero que habían sido negadas por la institución. “Sin embargo, para beneficiar a la empresa adjudicada (Isolux) esas mismas modificaciones fueron aceptadas por el MOPC, una vez ya adjudicada la empresa ganadora”, agrega.
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El escrito de la apertura de la causa, que está a cargo del fiscal José Dos Santos, añade que esas modificaciones también tendrían un impacto económico negativo para el MOPC, que habría efectuado pagos por obras que no se hicieron y por la utilización de materiales que no estaban previstos en el contrato.
Hipótesis
El Ministerio Público refiere en la resolución que por la información brindada por el denunciante, que diseñó el proyecto original, se pueden construir varias hipótesis. “La primera es que presumiblemente el MOPC habría desembolsado una suma de dinero para la construcción de obras que no se hicieron, como también utilizado materiales de menor valor y con lo cual habría generado un detrimento en el patrimonio de la citada institución pública”.
Aparecen como “sospechosos” en esta investigación abierta por el Ministerio Público por la supuesta comisión de los delitos de “lesión de confianza” y “asociación criminal” el ministro Ramón Jiménez Gaona y los funcionarios Dionisio Agustín Mereles, Roberto Carlos Enrique, Esteban Vicente Sarubbi, Juan Manuel Cano y Claudia María de la Paz Centurión, miembros del comité de evaluación.