La investigación del Ministerio Público se inició a raíz de la denuncia presentada por miembros de la Comisión para el Cumplimiento del Tratado de Yacyretá, encabezados por Marta Coronel Rojas de Cartes y el abogado Walter Cardozo.
Según se informó, en el marco de esa investigación ya realizaron las primeras diligencias tendientes a individualizar a las personas que desde sus cargos en la EBY consintieron la violación del Tratado, así como la vigencia de la Nota Reversal de 1992, rechazada por el Legislativo en 1995.
En uno de los procedimientos, la agente fiscal Victoria Acuña solicitó al Legislativo que informe sobre el documento que remitió al Senado el director paraguayo de la entidad, Juan Schmalko, en el que reconoce que la administración de la binacional “se maneja con base en la ilegalidad, en perjuicio del patrimonio del pueblo paraguayo”, dijo el abogado Cardozo. Recordó que el artículo 136 de la Constitución Nacional dice que después de la Carta Magna están los convenios y tratados internacionales ratificados por ley y que la Nota Reversal del 92 nunca fue ratificada e incluso fue rechazada. “Esa es una prueba ineludible”, dijo.
Por otro lado, también pidieron que la fiscalía dé trámite al pedido para que la Cancillería remita una copia autenticada del Protocolo de Tercerización de Yacyretá firmado en 1995 por el Ing. Juan Carlos Wasmosy y su canciller Luis Ramírez Boettner, con el cual el Ministerio Público tendrá “claramente” la evidencia de la “actitud dolosa e inescrupulosa con que se violaba el Anexo C del Tratado”, añadió Cardozo. “A sabiendas y a propósito no se factura Potencia, que representa el 60% de los ingresos que debería tener Yacyretá, puesto que la tarifa de electricidad no puede ser menor que el costo del servicio”, apuntó el abogado.
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