Investigan una coima en oficina regional de Indert

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QUIINDY (Emilce Ramírez, de nuestra redacción regional). El fiscal de Delitos Económicos Luis Piñánez y la fiscal de Quiindy, Teresita Paredes, allanaron ayer la sede regional del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), tras recibir denuncias sobre pedido de coimas por parte de un funcionario, para agilizar trámites de titulación de un inmueble.

La juez Susan Domenech autorizó el allanamiento, que se cumplió ayer en el barrio Sagrado Corazón de Jesús, donde se encuentra la oficina del Indert. Los fiscales incautaron documentos varios, lacraron las computadoras y llevaron G. 900.000, que aparentemente fue el pago de la coima solicitada. El funcionario investigado por cohecho pasivo es Víctor Montiel, quien alegó que el dinero es el pago legal por las tierras, de acuerdo con los datos proveídos por el fiscal Piñánez.

La fiscala Paredes, por su parte, manifestó que se abrió la investigación por los supuestos hechos de “coacción pasiva”. Dijo que las evidencias incautadas serán analizadas y que se van a solicitar informes al Indert del procedimiento para la titulación del terreno. Luego, se determinará si imputan y ordenan la detención del funcionario Montiel.

Lucas Calderón es uno de los tres hermanos que denunció a Montiel por coima y tras eso, los agentes del Ministerio Público realizaron la pesquisa. Según la denuncia, el funcionario del Indert exigía el pago de dinero a los miembros de la familia Calderón del distrito de Quyquyhó para agilizar los trámites de titulación.

Calderón contó que el funcionario le había propuesto comprar el inmueble de una vecina suya, pero no aceptó ante la sospecha de que se estaba negociando con los terrenos fiscales de la zona. Después se animó con sus familiares a denunciar lo que consideraron un “grave hecho de corrupción”.

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Dijo que alertó a las demás familias que tienen en trámite sus supuestos títulos, para que se acerquen a verificar la legalidad de los procesos, no solo en Quiindy, también en Quyquyhó.

Según los datos, el funcionario en cuestión queda en libertad, pero a disposición de la Fiscalía.