De cada G. 100 que ingresa a la previsional, 39 van a parar al fondo de salud, 54 al fondo de jubilaciones y lo restante a gastos administrativos, según dispone la carta orgánica del IPS, que data de los años 1950. Al respecto, Halley indicó la necesidad de debatir una reforma porque las exigencias después de 60 años han cambiado.

Explicó que la “riqueza” del ente reside en los fondos jubilatorios, que no se pueden tocar. En tal sentido, insistió en que se debe debatir sobre alzar la edad tope, que ahora es de 60 años, porque la expectativa de vida también aumentó en los últimos años.

“La expectativa de vida del paraguayo aumentó; no se vive más cinco años después de jubilarse, se vive 15, 20 años más. Eso, quiérase o no, afecta en lo económico. Que no se entienda que IPS va a alzar la edad de jubilación, sino que es un debate que debe hacerse”, indicó.

Por último, habló sobre una deuda de unos US$ 300 millones que el Estado mantiene con IPS, del 1,5% proveniente sobre el aporte patronal, dinero que la actual gestión del presidente de la previsional, Armando Rodríguez, buscará cobrar, según se anunció.