Desde el punto de vista legal, ha quedado claro que el inmueble pertenece al Fondo de Jubilaciones, por lo que existen impedimentos normativos vigentes para construir en ese sitio un establecimiento de salud, y desde el punto de vista de la planificación sanitaria, se informó que el IPS está abocado a potenciar la red asistencial en la zona mediante la construcción de un hospital de 200 camas en la Clínica Periférica Ingavi, y otro hospital similar en la Clínica 12 de Junio, con lo cual el desarrollo de otro proyecto hospitalario significaría una duplicación innecesaria de esfuerzos.
Concurso de ideas
Ante la consulta de qué se piensa hacer, en el caso de una eventual sanción del proyecto de ley que le autoriza su enajenación, los funcionarios del IPS explicaron que el instituto propiciará un “concurso de ideas, abierto y amplio”, a fin de contar con la mayor gama de proyectos posibles y, sobre todo, con la inventiva y el conocimiento de las empresas privadas.
“Son 23 hectáreas que pueden ser aprovechadas con la participación del sector privado, pero para ello queremos recuperar la potestad constitucional que teníamos, y que se nos fue cercenada con la Ley Nº 98/92. En caso contrario, nuestras posibilidades se agotan en alternativas de arrendamiento de corto o largo plazo”, dijo el titular del IPS, Dr. Luis Alberto López.
Por su parte, el diputado Óscar Luis Tuma, al expresar su oposición al proyecto de ley, argumentó la necesidad de cuidar el Fondo de Jubilaciones, atendiendo a “su solidez y consistencia financiera para los próximos 30 años”. Propuso que para compensar los gastos por mantenimiento y seguridad del predio, el instituto alquile el frente del terreno sobre la Transchaco para “plantar” banderillas publicitarias.
Sin embargo, esta propuesta tendría complicaciones con la nueva situación generada con una decisión de la Corte Suprema que ha establecido que el IPS pague impuesto inmobiliario a la Municipalidad de Roque Alonso, que le quiere cobrar unos G. 2.900 millones.
López acotó que quieren dejar de ser catalogados como “la peor inmobiliaria del mundo”, como resultado de la ley que solo les permite comprar inmuebles, pero no se les da ninguna posibilidad de un mejor aprovechamiento a través de la libre disponibilidad de esos bienes. Insistió en que el principal inconveniente que tienen es que nadie quiere plantear ideas a un propietario que no posee la libre disponibilidad de su inmueble, aclarando que el concepto de libre disponibilidad o el término enajenación no significan únicamente venta. “Por esto es que la ley, en caso de que se sancione y promulgue, abrirá al instituto grandes posibilidades para fortalecer aún más, y por mucho mayor tiempo, la solvencia del sistema previsional que administramos”, subrayó.
Monumento a la corrupción
El complejo habitacional de Mariano Roque Alonso puede ser catalogado como uno de los monumentos de la corrupción de la era colorada, esculpido entre 1993 y 1998, durante el gobierno colorado de Juan Carlos Wasmosy. Fue impulsado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT) y la Central Sindical de Trabajadores del Estado (Cesitep). El cerebro de la estafa fue el “empresario” correntino Roque José Carmona, y su principal cómplice, Edgar Cataldi, extitular del desaparecido BNT.