De acuerdo con los datos al mes de febrero, el Instituto de Previsión Social (IPS) cuenta con aproximadamente US$ 1.750 millones en fondos invertibles (CDA bancarios, bonos, caja de préstamos, depósitos, entre otros).
La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda o Caja Fiscal, por su parte, tiene disponibles aproximadamente US$ 920 millones, de los cuales US$ 168 millones están invertidos en Bonos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).
El informe señala que con esto, las dos principales cajas de jubilaciones del país, que representan más del 90% del sistema en cuanto a cobertura, totalizan fondos por unos US$ 2.670 millones, lo que equivale al 10% del producto interno bruto (PIB).
“Uno de los principales objetivos del proyecto de ley que crea la superintendencia de jubilaciones es proteger estos recursos que son de los afiliados y jubilados, y garantizar su buen manejo e inversión en condiciones seguras y rentables”, asegura la cartera fiscal.
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El proyecto de ley está a consideración de la Cámara de Diputados y, como sucedió con la primera versión, genera igualmente una fuerte oposición de los sectores afectados que anunciaron la presentación de un proyecto.
En octubre de 2015 el Ejecutivo había presentado un primer proyecto que crea la superintendencia de pensiones, pero luego fue retirado del Parlamento a pedido de las cajas privadas y gremios empresariales para una mayor discusión.
Tras las reuniones y debates realizados, el Ejecutivo presentó de nuevo a inicios de abril de este año el proyecto sin lograr un pleno consenso, pero según señalaron introduce cambios principales que recoge las inquietudes del sector privado.