Los gremios de profesionales ya tienen el equipo jurídico que se encargará de llevar adelante el proceso judicial en representación de los socios del Colegio de Contadores del Paraguay, el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay y la Asociación de Graduados de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Católica.
Alba Talavera, titular del Consejo Profesional del Colegio de Contadores del Paraguay (CCP), explicó que se tomó la decisión de iniciar las acciones judiciales teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo no tiene interés en derogar el Decreto Nº 6560/16, sino simplemente en modificarlo. “Partimos de la base de que no se puede modificar con un decreto lo que establece la ley”, afirmó Talavera.
Sostuvo, además, que los profesionales nunca fueron invitados a una mesa de diálogo para discutir los puntos que se le planteó por nota al Ministerio de Hacienda, por lo que no queda otro camino que recurrir a la justicia.
Ángel Devaca Pavón, director ejecutivo del Consejo de Contadores Públicos, alegó que no hay interés de parte de la cartera fiscal en lograr un acuerdo, por lo que tendrán que recurrir a la justicia, como lo hicieron contra la Resolución Gral. N° 29/14, que modificó los requisitos para auditores externos impositivos.
Adelantó que unos 2.000 profesionales estarían iniciando las acciones judiciales con el apoyo de los gremios, y no se descarta que a esto se sumen también contribuyentes del IRP en general afectados por la medida dictada por el Ejecutivo a finales del año pasado.
Decisión de Feprinco
El sector empresarial, por su parte, decidió esperar una reunión más y si no tienen una respuesta positiva a los reclamos que se vienen realizando, presentarán las acciones de inconstitucionalidad ante la justicia o pedirán al Parlamento impulsar un proyecto de ley, explicó ante nuestra consulta Eduardo Felippo, titular de Feprinco.
“El problema fundamental es que por decreto no se puede modificar una ley, porque si empezamos a permitir esto se perderá la esencia de un Gobierno democrático, que debe funcionar en conjunción con los tres Poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Ejecutivo no puede pasar por encima de otro Poder, modificando por decreto una ley, eso es una cuestión básica”, insistió el empresario.
Felippo dejó en claro que el problema generado con el IRP compete a Hacienda y el ministro Santiago Peña debe hacerse responsable de este decreto y resolver con su gente. Incluso, en declaraciones a radio La Unión llegó a decir que si Peña no puede manejar a la gente que está por debajo de él, debe renunciar al cargo.
Los principales directivos de los gremios se reunieron ayer al mediodía en la sede de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) para analizar el fracaso de la última reunión llevada a cabo el pasado martes, en donde en principio estaba todo para acordarse, pero Hacienda cambió de idea y comunicó que era imposible modificar la entrada en vigencia, por lo que se iba a mantener el efecto retroactivo del decreto considerado inconstitucional.
Ministro no quiso hablar
El ministro de Hacienda, Santiago Peña, se llamó a silencio ayer y no quiso hablar con la prensa sobre este tema ni sobre la emisión de bonos soberanos. En tanto, la viceministra de Tributación, Marta González Ayala, dijo a ABC Cardinal que seguirán conversando, salvo que los empresarios quieran imponer por ejemplo la violación de la ley.
En principio, la mayoría de las modificaciones estaban acordadas en la mesa de diálogo instalada entre el Gobierno y los gremios empresariales, solo faltaba lo relacionado a los gastos deducibles, principalmente en lo que se refiere a las inversiones. Sin embargo, los técnicos de Hacienda en la reunión del último martes volvieron a insistir en que la vigencia del decreto debe mantenerse en 2016 con lo que las negociaciones fueron levantadas.