Como Itaipú no honra sus deudas por alrededor de US$ 5 millones con 16 firmas constructoras que ejecutaron las obras, indirectamente se ven afectadas otras 200 pequeñas empresas, a las que las contratistas de la binacional no les están pudiendo pagar por trabajos, provisiones de materiales y servicios para la construcción del barrio San Francisco.
Según datos brindados ayer por el empresariado de la construcción, en total unas cinco mil personas pertenecientes a los sectores de más bajos ingresos no están pudiendo cobrar sus acreencias debido a la intención de Itaipú de multar a las constructoras por supuestos atrasos; paradójicamente, la binacional se jacta de haber ejecutado la obra de referencia “en tiempo récord”.
La Itaipú, para evitar pagar los alrededor de 5 millones de dólares que adeuda a las constructoras y las subcontratistas, ha recurrido a la figura de la “multa por atraso” en la entrega de las obras, lo cual las empresas consideran que es una abierta violación del contrato, que establece claramente la ampliación del plazo por los días no trabajados por fuerza mayor como es el caso de las lluvias.
Sin embargo, desde la binacional alegan que las obras debieron concluirse el pasado 15 de noviembre sin ninguna prórroga, ya que, según afirman sus fiscales, solamente ha llovido en los alrededores de Zeballos Cue y no en la zona de obra específica durante la ejecución del contrato.
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“El barrio San Francisco se convertiría así en la primera obra pública de gran porte, con un costo aproximado de 45 millones de dólares, que no recalendariza el plazo de entrega por lluvias, aunque paradójicamente todos los meses ha pagado certificados de obras en las que las empresas hacían constar los días no trabajados por el efecto de las lluvias, que no solamente incluye los días con precipitación pluvial sino también los días posteriores en los que no es posible trabajar como consecuencia de las mismas, especialmente del barro”, dijo a nuestro diario uno de los afectados.
Nuestras fuentes estiman que, indirectamente, alrededor 5.000 personas estarían siendo afectadas por la falta de pagos de la Itaipú a las empresas constructoras, ya que estas a su vez adeudan salarios a sus empleados y tienen millonarios compromisos por provisión de materiales y servicios con alrededor de 200 pequeñas empresas que emplean en promedio alrededor de 10 personas cada una. En la ejecución de las obras llegaron a trabajar alrededor de 2.000 obreros en la construcción de los edificios, calles, desagües, plaza, iglesia y otras áreas.
Según los datos oficiales, el barrio San Francisco comprende una inversión de US$ 50 millones en la construcción de 1.000 viviendas, 888 departamentos (65 m²) y 112 viviendas unifamiliares (55 m²). Incluye también una unidad de servicio familiar, una comisaría, centros cívicos (Identificaciones, Senad, Secretaría de la Niñez, Senavitat, etc.), una escuela, colegio y una iglesia.
Spalding no les recibe
Los empresarios de la construcción afectados por esta intención de cobro de multas por retraso en la entrega de la obra hace varias semanas intentan conversar sobre el tema con el director de Itaipú, James Spalding, y los consejeros, pero estos no les agendan reunión alguna. Consideran una bofetada a las firmas nacionales y ciudadanía en general, ya que mientras se intenta buscar solución a un problema que afectará a miles de compatriotas, el Consejo de la binacional avanza en establecer una jubilación de oro para sus miembros, lo que posibilitará que se jubilen con tres años de servicio con un salario de alrededor de 80 millones de guaraníes mensuales.
Nuestro diario se comunicó ayer con el director de Coordinación de Itaipú, ingeniero Pedro Domaniczky, para consultarle sobre la multa de US$ 5 millones que quieren aplicar a las firmas consultoras. En conversación telefónica, se limitó a decir que “siempre estamos insistiendo en que se cumplan los plazos, somos un poco rígidos en ese sentido”. Luego, se excusó diciendo que no tiene los detalles específicos sobre las obras en el Barrio San Francisco, por lo que consultaría con el superintendente de obras para posteriormente darnos una respuesta, pero no se volvió a contactar con ABC hasta el cierre de esta edición.