Con esta acción ante el Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) busca dejar sin efecto la recomendación de la Contraloría de cancelar la licitación para la instalación de un régimen de alianza público-privada (APP) en el aeropuerto y apunta a adjudicar finalmente a Sacyr, empresa que tiene antecedentes de incumplimiento y múltiples procesos judiciales en varios países. La presentación fue hecha junto con la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), según un boletín ministerial.

El inicio de la auditoría por parte de la Contraloría y la posterior constatación de diversas irregularidades en el proceso paralizó hace ya medio año la licitación, en la que aparecía como segura ganadora la española Sacyr consorciada con la chilena Agunsa. Precisamente, las maniobras en que incurrieron funcionarios del MOPC para favorecer a Sacyr en esta licitación habían quedado al descubierto durante la auditoría de la Contraloría y fueron plasmadas en el informe resultante.

La presentación ante el Tribunal de Cuentas se da luego de que el ministro Ramón Jiménez Gaona se comprometiera públicamente en diversas oportunidades a acatar la recomendación de la Contraloría, y el propio presidente Horacio Cartes haya anunciado que “abortaría” la APP del aeropuerto por la cantidad de denuncias que habían surgido.

El Ministerio de Obras Públicas se negó ayer a entregar copia de la presentación hecha ante el Tribunal de Cuentas.

Se limitaron a enviar un boletín de prensa en el que manifiestan que “la acción judicial es a los efectos de que el Tribunal de Cuentas determine el alcance de la competencia que tiene la Contraloría para emitir el dictamen”. El MOPC alega que la Contraloría se “extralimitó” en sus atribuciones al emitir una recomendación respecto a la licitación del aeropuerto.

En otro caso, en el que al ministro Jiménez Gaona se lo vincula directamente con un presunto hecho de corrupción, en el superviaducto, el funcionario recurrió también a la Contraloría para supuestamente “garantizar la transparencia en el proceso”, como en su momento hizo con el aeropuerto, hasta que le resultó desfavorable.

Informe lapidario

El dictamen de la Contraloría evidenció varios hechos: uno de ellos es la fabricación de un dictamen en el MOPC para permitirle a Sacyr seguir en carrera, pese a sus cuantiosos antecedentes de incumplimiento en todo el mundo, que según el pliego y la ley de APP, le impedían ser oferente. Así también, la Contraloría cuestionó que el MOPC nunca debió haber convocado a licitación sin antes haber precalificado a los oferentes, y en ese sentido dejó constancia de que ninguno de los oferentes, incluyendo Sacyr, era apto para competir. Finalmente, la auditoría también reveló que el MOPC permitió ratios de endeudamiento muy altos, lo que significa que dejó competir a empresas sobreendeudadas.