El “superviaducto” fue construido a un costo de G. 124.210 millones y la obra fue adjudicada en una dudosa licitación pública a la empresa española Isolux Corsán, investigada en su país por denuncia sobre coimas.
La obra empezó a tener fallas a solo meses de su inauguración, como la inundación del túnel tras una lluvia, un apagón y la filtración en las paredes. Varios de los puntos denunciados fueron comprobados tras una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, incluso por documentos filtrados desde el propio MOPC. A pesar de las pruebas, la Fiscalía cerró el caso y blanqueó a Jiménez Gaona. Lo hicieron posible los fiscales Nelson Ruiz, Augusto Salas, el juez Gustavo Amarilla y la fiscala Sandra Quiñónez.