El pedido obedece, según explicó Florentín, a la imputación por lesión de confianza de casi todas las autoridades de la Caja de Jubilados y Pensiones de Empleados Bancarios y Afines, por lo que están inhabilitados para seguir al frente de la institución. Los jubilados reclaman una acción urgente por parte del Poder Ejecutivo para designar a los intervinientes en el caso, que tendrán, entre otras funciones, convocar a una asamblea para la elección de nuevas autoridades.

Alegan que no se justifica que ninguno de los dirigentes imputados siga al frente de la institución, más aún tratándose de un caso de lesión de confianza. Esto genera desconfianza en los asociados e inestabilidad, sostuvo el dirigente del Centro de Jubilados.

Imputados

Cabe señalar que la fiscala Victoria Acuña imputó en enero pasado al presidente de la Caja Bancaria José Caballero y los miembros del Consejo de Administración Miguel Ramón Oro Domínguez, Ángel Ramón Chamorro y Xavier Alberto Hamuy Campos Cervera.

A su vez, imputó a César Rodrigo Amarilla, gerente general de la Caja de Jubilaciones y representante legal de la firma Karaku SRL, empresa de fachada desde donde se desviaron más de G. 400 millones, aunque la suma podría trepar a casi G. 4.000 millones, de acuerdo con una pericia.