El instrumento diplomático fue firmado en octubre de 2014 por la administración de Horacio Cartes con el anterior gobierno de Argentina, bajo el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de las negociaciones sobre el Anexo C del Tratado de Yacyretá. Esta modificación ya fue aprobada por el Legislativo argentino en setiembre de 2015, no así en nuestro país, porque el Ejecutivo lo retiró ante la inminencia de un rechazo en el Senado, donde debía ser tratado.
En un principio, tanto el canciller Eladio Loizaga como el responsable de las negociaciones con Argentina, el ministro Juan Carlos López Moreira, quisieron presentar el acuerdo como el primer logro en el marco de sus tratativas con el país vecino; pero el instrumento contiene algunos puntos que son considerados contrarios a los intereses de nuestro país porque, entre otras cosas, renunciaría a manejar el 50% de las facturaciones de la EBY, teniendo en cuenta el artículo 15º del documento.
En efecto, según la normativa que establece la Nota Reversal, “cada Director Ejecutivo tendrá a su cargo las relaciones con las autoridades y con las entidades públicas y privadas, como así también la representación de Yacyretá en eventuales juicios en sus países, respectivamente”.
De este modo, el director argentino tratará con la compañía administradora del mercado eléctrico argentino (Cammesa) y Ebisa (Emprendimientos Binacionales SA), todo lo relacionado con la administración de la energía, puesto que actualmente, es la que retira más del 90% de la producción de la usina paraguayo-argentina.
Es un absurdo
Al respecto, el exasesor del Consejo de la EBY y actual presidente de la Asociación de Ingenieros del Sector Eléctrico Paraguayo (Aisep), Ing. Orlando Valdés, sostuvo que aprobar este documento implica asumir la corresponsabilidad plena de la fraudulenta administración ejercida por los funcionarios argentinos de la binacional durante los más de 44 años de ejercicio de la Dirección Ejecutiva, en abierta violación del Tratado de Yacyretá y sus documentos complementarios, que establecen claramente la alternancia cada cinco años de gestión.
“Continuar insistiendo en la aplicación de la “cogestión” y otros absurdos, mediante la modificación del Anexo A, significa aceptar las truculentas acciones que fueron alentadas desde la Dirección Ejecutiva y que llevaron a la binacional a su prefabricada crisis financiera”, señaló Valdés.
Agregó que hay responsabilidad personal de los consejeros, directores, secretarios de comité, del consejo, jefes y subjefes de departamentos (financiero, técnico, administrativo, asesoría jurídica y del Plan de Terminación de Yacyretá), designados por el Gobierno paraguayo para ejercer funciones en la binacional.