La auditora general, Mirta Elizabeth Rodríguez, dijo que hallaron una importante ejecución, pero que no tienen la seguridad de que efectivamente se llegó a construir algo, sino solamente se limitaron a llegar hasta las famosas “paladas iniciales” de la administración de Enrique Salyn Buzarquis.
La auditoría que el Poder Ejecutivo está practicando en casi todas las instituciones estatales confirma la difícil situación financiera por la cual atraviesan varios ministerios, principalmente Obras Públicas y Comunicaciones, como ya lo venía anunciando el titular de esta Cartera, Ramón Jiménez Gaona. Otra cartera que está en parecida situación es la de Agricultura y Ganadería, según lo explicado.
Según indicó Rodríguez a la radio 780 AM, es muy alarmante la situación presupuestaria en varias instituciones, a tal punto que las arcas de los ministerios, entes autónomos y descentralizados, están vacías y se observa un panorama negro para que puedan llegar hasta fin de año.
Proyectos inexistentes
Señaló que en el MOPC incluso se han ejecutado supuestamente muchas obras, pero estas no están justificadas ni se han notado resultados anunciados en la administración anterior. Incluso, en general los proyectos que supuestamente se pusieron en marcha no han existido ni se notaron avances, según lo explicado.
“Además, quiero decirles que en esta institución (MOPC), la situación es alarmante en materia económica, porque es una de las que tienen un nivel de ejecución bastante avanzado, sin comprobación, ya que no se sabe si el avance financiero también corresponde al avance físico, lo que genera muchas dudas a estas alturas”, insistió.
Resaltó también que la cartera de Estado prácticamente ya no dispone de presupuesto para la ejecución de obras ni para cubrir sus necesidades financieras y económicas en lo que resta del presente ejercicio fiscal, porque lo que queda para contrataciones ya es mínimo. Añadió que la única manera de paliar estos serios inconvenientes sería hacer reprogramaciones y ampliaciones presupuestarias.
La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) y de la Vivienda (Capavi) vienen advirtiendo sobre los perjuicios que causa al sector la falta de pagos. La deuda con las contratistas supera los G. 371.000 millones y se ven afectados alrededor de 150.000 obreros que dependen de su ingreso diario.