El ministerio habilitó esta conexión, a partir de la calle Cnel. Montiel y otras, asumiendo la complejidad de la situación y el tiempo que llevará solucionar cada uno de los casos. Algunas de las negociaciones sobre los terrenos a liberar llevan más de un año sin que se llegue a un acuerdo entre el MOPC y los afectados. En un principio se trataban de ocupaciones de terrenos fiscales, pero actualmente la mayoría son propiedades privadas, según los datos recogidos.
Ya son varios los afectados que denuncian al MOPC respecto a estos casos, entre ellos el ofrecimiento de montos que no coinciden con el valor real de la propiedad. Uno de los casos más recientes tiene que ver con dos predios de 10x50 metros, actualmente en proceso de usucapión. “Mi papá compró este terreno hace 30 años. Aunque aun no tenemos el título de la propiedad, tenemos al día el pago de impuestos”, manifestó Jorge Méndez, propietario de uno de los terrenos.
Méndez mencionó que el MOPC les ofreció G. 350 millones, pero que un tasador privado valuó la propiedad en más de G. 1.000 millones. “Según el MOPC, en la Municipalidad aparece esta zona como terreno fiscal conocida como Azteca 1, pero no es así, esto ya es propiedad privada”, indicó.
“A estas alturas pedimos que el MOPC vuelva a realizar la tasación y nos paguen un poco más de lo que nos ofrecen para que podamos comprar una nueva propiedad”, señaló Méndez.
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Al respecto, conversamos con el Ing. Gustavo Calderini, del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem), financista del proyecto, quien manifestó que la mayor concentración de afectados por la obra se encuentra en la zona la calle Cnel. Montiel y Artigas, con unas 50 propiedades a ser utilizadas.
Consultado acerca de los motivos de las trabas, Calderini indicó: “Los problemas son diversos. Así como existen carpetas que no tienen inconvenientes, otros inmuebles tienen problemas de titulación, algunas propiedades están en proceso de usucapión, sucesión, otras con deudas, hipotecas, etc”.
Calderini confirmó que la mayoría son propiedades privadas, y que en los casos en que los afectados no aceptan los montos, se procede a aplicar lo que establece la Ley de expropiaciones.
Solicitamos al MOPC informes sobre la situación de dos afectados. Exigieron que la consulta sea por correo, lo que aún no respondieron.
La construcción de la Costanera II está a cargo del Consorcio D-R (CDD Construcciones SA y Benito Roggio e Hijos SA), por unos 361.000 millones. La obra se inició en junio de 2016 con 36 meses de plazo, por lo que debe estar concluida el 30 de junio de 2019, incluida la conexión final a través de Primer Presidente, que debe contar con dos viaductos de grandes dimensiones.