La fiscalía indaga sobre el fraude en Cooperalba

El Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) remitió finalmente esta semana un lapidario informe sobre la intervención en la Cooperativa Cooperalba de Canindeyú a la Unidad Penal número 1 de Salto del Guairá, a fin de indagar sobre un millonario fraude que complica a los directivos.

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El reporte sobre la citada cooperativa en estado de liquidación fue recibido el martes último en la unidad a cargo del Fiscal Julio César Yegros, pero este ha solicitado refuerzo al laboratorio forense del Ministerio Público en la Capital, para las evaluaciones técnicas, ya que se trata de un caso muy grande y que requiere una cooperación técnica a fin de lograr una investigación más exhaustiva de los hechos, según los informes recogidos ayer.

En este caso, se indaga un millonario fraude de más de US$ 7 millones y la posible complicidad de directivos en maniobras que dejaron en quiebra a la entidad, que a la fecha arrastra una pérdida de más de US$ 11 millones. A la vez deja varios acreedores perjudicados en el sistema, entre ellos bancos, financieras y cooperativas. La Central de Cooperativas (Cencopan), por ejemplo, intenta recuperar por vía judicial cerca de US$ 1 millón.

Cooperalba, con más de 15 años de operatividad, deja en zozobra a cientos de productores de soja y trigo de la zona de Canindeyú. Esto luego de que una intervención del Incoop detectara la venta irregular de la fábrica de almidón y otros bienes de la entidad solidaria a la firma Productores Asociados del Paraguay (Proapy SA) por más de US$ 7 millones, que llamativamente es dirigida por Eloi Roque Canossa y Omar Esteban Depps, que son al mismo tiempo presidente y gerente de Cooperalba, respectivamente.

Sin embargo, tras el ingreso de la comisión interventora, las gestiones de la misma no fueron suficientes para lograr la recuperación de la entidad, debido al elevado nivel de deterioro de la liquidez, sumado a un alto endeudamiento, débil gestión y ocultamiento de datos relevantes, que llevaron a la decisión de conformar la comisión liquidadora, aprobada en asamblea de socios.

Pedro Loblein, consejero del Incoop, mencionó ayer que llama bastante la atención el desinterés de los socios, cerca de 70, ya que se trata de una cooperativa de gran porte, tipo A, con activos que superan los US$ 40 millones. Incluso, Canossa, titular de la entidad, conforma de nuevo la comisión liquidadora de la cooperativa, cuando justamente se cuestionan irregularidades en su administración.

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