La obra del “superviaducto”, con fiscalización insuficiente

La fiscalización de la obra del “superviaducto” estuvo a cargo del consorcio Caser, en el marco de un paquete de fiscalizaciones por valor de G. 4.200 millones. Como el servicio de fiscalización se contrató mucho antes de que se firmara el contrato de la obra principal, cuando esta estaba muy avanzada, pero aún lejos de concluir, se quedó sin fiscalizador. Como resultado, hoy el proyecto permanece incompleto.

Poco antes de que la obra culminara, o al menos se habilitara formalmente, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) convocó una licitación, que hasta hoy permanece en el portal de Contrataciones Públicas, para completar la fiscalización. El monto estimado era de unos G. 700 millones.

Según el director de Vialidad del MOPC, el ingeniero Ignacio Gómez, ese llamado no llegó a adjudicarse justamente porque estaban a tres meses de entregar la obra. “Lo que pasó fue que la fiscalización estaba terminando ya justo antes (de la finalización), pero la idea era darle continuidad por si el contratista se atrasaba o algo así para tener cubierto. Sin embargo, se optó por pagarle a la empresa por los días que faltaban para completar la obra”, alegó.

Lo cierto es que la obra se entregó incompleta, permanece así y el Ministerio de Obras no ha hecho aún la recepción definitiva.

Entre los componentes que le sigue faltando está el puente peatonal al costado del arroyo Itay (foto) que se debió hacer al costado del que hoy existe.

La contratista, la española Isolux-Corsán, solo se limitó a ponerle unas frágiles y precarias barandas al puente que ya existía.

Supuestamente, el puente sí será construido y la obra no se recibirá definitivamente hasta que eso ocurra, según autoridades del MOPC.

Justamente, el “superviaducto” es hoy objeto de una investigación fiscal, tras la denuncia que hizo el diseñador del proyecto por las extrañas modificaciones introducidas, cuando ya estaba adjudicado, y que, según la denuncia, terminaron afectando su calidad.