El numeral VI del documento de referencia (Bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de Itaipú) establece que sus disposiciones “serán revisadas después de transcurrido un plazo de cincuenta años a partir de la entrada en vigor del Tratado”.
El marco jurídico de la entidad binacional, así como de las obras que ejecutó y administra, comenzó a regir el 13 de agosto de 1973, día en que los cancilleres de entonces de nuestro país, Raúl Sapena Pastor, y del Brasil, Mario Gibson Barboza, en Asunción, canjearon los instrumentos que lo ratificaron. Por consiguiente, el plazo de medio siglo de vigencia caduca el 13 de agosto de 2023.
No obstante, el numeral de referencia señala también un par de condiciones que para que el tratado sea revisado: 1.- “el grado de amortización de las deudas contraídas por la Itaipú para la construcción del aprovechamiento y 2.- “la relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países.
De acuerdo con la “evolución y proyección del saldo de la deuda de la Itaipú binacional 1996-2023”, un documento oficial, el punto final de este prolongado y cuestionado itinerario del pasivo de la entidad binacional, debió desembocar en el punto “0” en abril de 2023.
Adelantaron pago de algunas
Sin embargo, tal como informaba ABC Color en diciembre último, los organismos de la alta administración del ente binacional decidieron “efectivizar por adelantado” a Eletrobrás la cuota correspondiente al 2017.
La suma que anticipó Itaipú a la empresa brasileña, US$ 170 millones.
Hasta el 2017, el saldo de la binacional con Eletrobrás ronda los US$ 8.400 millones, según los registros de su Dirección Financiera. Recordemos que Eletrobrás es parte constitutiva de la entidad según el Art. III, parágrafo 2 del Tratado.
El director general paraguayo de Itaipú, James Spalding, declaraba a la prensa en diciembre, que “existen conversaciones” con el directorio brasileño para que en el primer trimestre de 2018 se llegue a un acuerdo para que la deuda de Itaipú sea cancelada en 2022”.
A su turno, el Ing. Ernesto Ayala Báez, coordinador ejecutivo de la Universidad Corporativa de Itaipú, en el artículo que publica hoy en el Suplemento económico de ABC Color, Pág. 3, menciona que el plazo establecido para la revisión del Anexo C vence en abril de 2023, en coincidencia con la cancelación de la deuda contraída por la empresa para la construcción de la megaobra “sin embargo, la administración actual ha procedido al pago adelantado de un año de cuota, derivando en una posible cancelación del servicio de la deuda para el 2022”.
Por consiguiente, la amortización de la deuda se cumplirá dentro de cuatro años; luego la posibilidad de un adelantamiento de la “revisión” no se descarta.